El caso, que busca disipar una disputa centenaria por la soberanía de las islas de Providencia y San Andrés y los cayos de Roncador, Serrana y Quitasueño, frente a las costas orientales nicaragüenses, incluye audiencias hasta el 4 de mayo, aunque la sentencia podría tardar meses en ser anunciada.
Nicaragua reclama a la CIJ la soberanía de un espacio de 50.000 km2 en el Caribe que incluye el archipiélago de San Andrés e islotes adyacentes.
En sus argumentos, Nicaragua señala que la soberanía de esos territorios marítimos quedó bajo control de Colombia mediante el Tratado Bárcenas-Esguerra firmado en 1928 y ratificado en 1930, pero que a la firma del acuerdo Nicaragua estaba bajo la ocupación militar de Estados Unidos (1927-1933) .
En 1971, el gobierno de Nicaragua hizo una primera denuncia de ese tratado, cuando Colombia emprendió negociaciones con Estados Unidos en torno a la soberanía sobre Roncador, Quitasueño y Serrana.
En la década de 1980 el congreso nicaragüense declaró la nulidad dicho Tratado y reivindicó su soberanía del Archipiélago de San Andrés, caso que elevó a la CIJ en 2001.
En 2007, la Corte de la ONU se declaró competente para analizar la demanda nicaragüense.
Para el experto en Derecho Internacional Mauricio Herdocia, ex integrante del equipo jurídico que preparó la demanda nicaragüense, las posibilidades de Nicaragua de recuperar sus espacios marítimos “son muy grandes”.
“La pretensión fundamental de Nicaragua de pedir a la Corte una delimitación (marítima con Colombia) era legítima y la Corte accedió y va a hacerlo”, dijo el especialista.
En la visión de Herdocia, Nicaragua deberá “demostrar” que el territorio a delimitar está en la plataforma continental de los dos países.
“La delimitación debe llevar a un resultado equitativo. En el peor de los casos, no se puede encerrar a Nicaragua ni cercenar la proyección de sus espacios marítimos o cortarle e impedirle de alguna forma tal proyección. Lo mínimo es la proyección de la Plataforma Continental y la Zona Económica Exclusiva”, opinó.
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