La vicepresidenta y portavoz del Gobierno de España, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo este viernes que el referendo de autodeterminación de Cataluña (noreste) "no es posible" y "no puede celebrarse".

Tras un Consejo de Ministros, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, se refirió a la petición del Parlamento catalán para celebrar antes de final de año un referendo en el que se consulte a los ciudadanos de esta comunidad sobre la independencia, informó la corresponsal de teleSUR en España, Hilda Salas, a través de su cuentas en la red social de Twitter, @HsalasteleSUR.

"Esa consulta no es posible y no puede celebrarse", enfatizó Sáenz de Santamaría. "No vamos a permitir posiciones contrarias a la Constitución y esa proposición lo es".

La vicepresidenta recalcó que el Ejecutivo tiene una "posición muy clara" al respecto y no está dispuesto a permitir que este asunto se convierta en motivo de "enfrentamiento y división social" entre los españoles.

El Parlamento regional catalán decidió este jueves, por mayoría, pedir a Madrid (capital) que autorice al Gobierno de Cataluña la celebración del referendo de autodeterminación anunciado para noviembre por Artur Mas, presidente nacionalista de esta región.

Por 87 votos a favor, 43 en contra y tres abstenciones, los diputados del Parlamento regional, con sede en Barcelona (noreste), aprobaron una proposición de ley pidiendo a Madrid que "delegue" al Gobierno catalán "la capacidad de autorizar, convocar y organizar un referendo sobre el futuro político de Cataluña".

Orgullosa de su idioma y tradiciones, Cataluña, con 7,5 millones de habitantes y una de las regiones más endeudadas de España, vive en los últimos años un auge del sentimiento independentista atizado por una crisis económica que acentuó las tensiones políticas.

Tras más de un año de conflicto abierto entre Cataluña y Madrid, el presidente Mas anunció el pasado 12 de diciembre un acuerdo con otras tres fuerzas catalanas, encabezadas por los republicanos de izquierda, para organizar dicho referendo el 9 de noviembre de 2014.

Inmediatamente el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, respondió tajantemente: la consulta "no se celebrará" por ser contraria a la Constitución española.