El Presidente de la Asamblea Nacional, compañero René Núñez, al brindar su informe anual sobre el trabajo del Poder Legislativo en el 2013, afirmó que muchas de las críticas que se han hecho a las recién aprobadas reformas constitucionales en primera legislatura, no tienen sustento jurídico.

Núñez brindó sus apreciaciones jurídicas sobre las reformas constitucionales durante el cierre de la XXIX Legislatura de la Asamblea Nacional, al que asistieron representantes de los diversos Poderes del Estado, miembros de la jefatura de la Policía Nacional, del Ejército de Nicaragua y embajadores acreditados en nuestro país.

“De las reformas constitucionales se ha hablado mucho de ellas y también se ha abundado en las explicaciones positivas y en explicaciones negativas, quiero tocar los puntos fundamentales de lo que podríamos llamar ejes negativos sobre las reformas sin sustento jurídicos y sin información histórica”, indicó Núñez.

El primer ejemplo tomado por el presidente de la Asamblea Nacional y que demuestra la falta de argumentos jurídicos de quienes han criticado el proyecto de reformas constitucionales, es cuando afirman que en la constitución se eliminó parte del artículo que indicaba la no reelección.

“Eso no es cierto, lo que hicimos nosotros en las reformas es simplemente aplicar las sentencias de inconstitucionalidad que la Corte Suprema de Justicia había dado en el 2010”, dijo.

Agregó que algunos afirmaron que la sentencia de la CSJ es ilegal, “porque no podía la Corte meterse a eso”, pero recordó que en 1995 se dio una reforma parcial a la Carta Magna, en la que se hicieron cambios a muchos más artículos que en esta ocasión.

“En esa ocasión la presidenta de ese entonces (Violeta Chamorro) no publicó las reformas, obligando al parlamento de ese entonces a publicarlas y se dio una crisis de poder que la dilucidó la Corte Suprema de Justicia de ese entonces, declarando inconstitucional varios artículos, o sea desde ese entonces hay un precedente referente a eso, pero todavía hay algo más, como eso no resolvió la crisis se decidió hacer una Ley Marco que permitía de acuerdo con todas las partes, no aplicar las reformas, sino hasta cuando concluyera ese gobierno su periodo, en otras palabras por un acuerdo político se reformaron las reformas sin pasar por el parlamento”, explicó.

Otro elemento tomado en cuenta por Núñez para señalar que las críticas a las actuales reformas no tienen sustento jurídico, fueron las reformas del 2005 en la que se crearon varias instituciones nuevas, siendo la CSJ que se pronunció sobre esto y anuló algunos de estos artículos, declarándolos inconstitucionales y también se promovió otra Ley Marco que planteó que los artículos que quedaron vigentes se aplicarán hasta el siguiente gobierno.

Entre estos refirió la obligación que tiene el Ejecutivo de presentar a la Asamblea Nacional las propuestas de nombramientos de ministros y otros funcionarios.

Otro aspecto planteado por Núñez, es sobre la posibilidad que militares y policías puedan ocupar posiciones en el Ejecutivo bajo la figura de “Comisión de Servicio”, lamentando que se plantee equivocadamente que la intención es militarizar los trabajos civiles.

Subrayó que desde 1992 en la Ley Orgánica de la Policía Nacional se permite la participación de policías en el área civil en comisión de servicios y en 1998 en la normativa interna militar también se autoriza la participación de militares.

“Es decir en los gobiernos de Violeta Chamorro y Arnoldo Alemán firmaron y aprobaron esas leyes, nosotros estamos únicamente arrastrando eso porque estamos convencidos que nuestros militares y nuestros policías tienen una formación académica sólida en diversas áreas, aparte de una enorme experiencia que les da su propio trabajo que no puede ser ni despreciado, ni lanzado al cesto de la basura y que sí pueden servir al área civil para desarrollarla mejor, pues bienvenido y si hablamos de comisión de servicio es porque estamos interesados en no truncar la carrera militar, ni policial de ninguno de estos cuadros”.

Promover el consenso

Dicho todo lo anterior, Núñez indicó que quiso brindar un recordatorio histórico para que podamos trabajar mejor y promover una política de consenso que convenga al país, pues esto ayuda a desarrollar mejor a Nicaragua.

Subrayó que la búsqueda de consenso ha permitido en los últimos años llevar a Nicaragua a niveles de crecimientos modestos, pero han incidido en el combate a la pobreza, en el crecimiento de las inversiones nacionales y extranjeras.

“Ese fenómeno no es casualidad, es producto de políticas gubernamentales, de políticas impulsadas por el Gobierno del Presidente Daniel Ortega Saavedra, entonces porque no recoger el consenso, porque no recoger esas políticas que son de beneficio para el país, para que queden instaladas y puedan trascender los gobiernos y así lograr lo que todos queremos; el desarrollo de Nicaragua”.

25 leyes aprobadas en este 2013

El informe destaca la aprobación de 25 leyes, mencionando entre las más importantes, la Ley de Donación y Transplante de Órganos, Ley de Consumidores, Ley General de Puertos, Ley Especial para el Desarrollo de Infraestructura y Transporte Atingente al Canal, Ley que regula la instalación de antenas, Ley de Presupuesto General de la República, Ley de Reforma a la Ley Integral de Lucha contra la Violencia a las mujeres, Ley de Transformación y Desarrollo a la Caficultura, Ley de Reformas a la Constitución.

Detalló que también se aprobaron 269 decretos legislativos, 15 instrumentos internacionales, 12 préstamos y donaciones por un total de 351 millones de dólares, dirigidos a proyectos de infraestructura energética, agua y saneamiento, implementación de políticas de primera infancia, apoyo al sector transporte, carreteras y caminos, así como ordenamiento a la propiedad y fomento a la producción agropecuaria. Indicó que gracias a la políticas de igualdad de género, Nicaragua se ubica en el décimo lugar a nivel mundial y quinto lugar en participación política.

Destacó que la Asamblea Nacional está preparada para crear 4 digestos, entre estos de Seguridad Alimentaria, Banco y Finanzas, Propiedad Inmueble y Finanzas Públicas.