En 1904, el presidente Theodore Roosevelt añadió el Corolario Roosevelt a la Doctrina Monroe. Declaró que Estados Unidos podría involucrarse en los asuntos internos de un país latinoamericano en casos que Estados Unidos considerara como “comportamiento indebido” por parte de ese país latinoamericano. Caricatura de William Allen Rogers 1904.

En el bicentenario del anuncio de la Doctrina Monroe ante el Congreso de Estados Unidos, la Representante Nydia Velásquez (Demócrata por Nueva York) presentó una Resolución en la Cámara de Representantes demandando la anulación de esta infame Doctrina.

La Representante Velásquez afirmó, esta Doctrina ha sido utilizada para justificar la intervención de Estados Unidos en los asuntos latinoamericanos a lo largo de la historia de dicha política. Emitida por el presidente James Monroe el 2 de diciembre de 1823, la Doctrina establece que cualquier interferencia en las Américas por parte de una potencia europea sería vista por Estados Unidos como un acto hostil. En 1904, el presidente Theodore Roosevelt añadió el Corolario Roosevelt, que establece Estados Unidos puede involucrarse en los asuntos internos de un país latinoamericano cuando considerase existía “comportamiento indebido” en ese país.

La Resolución No. 943 de la Cámara de Representantes es copatrocinada por los Representantes Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY), Jesús Chuy García (D-IL), Delia Ramírez (D-IL) y Greg Casar (D-TX), identificados con el “ala progresista” del Partido Demócrata.

El representante Casar dijo en el Comunicado de Prensa que anunciaba la Resolución: “La política exterior de Estados Unidos con demasiada frecuencia ha contribuido a la inestabilidad en América Latina. En lugar de derrocar gobiernos debidamente electos, podemos apoyar la democracia, hacer crecer nuestras economías y reducir la migración forzada. En lugar de sanciones que maten de hambre a nuestros vecinos, podemos trabajar juntos para resolver la crisis climática. Podemos comenzar a trazar este nuevo camino hacia adelante eliminando la obsoleta Doctrina Monroe”.

En una serie de “Considerandos”, la Resolución esboza la historia de la intervención estadounidense en América Latina, desde la anexión de Texas y más de la mitad del territorio mexicano en la década de 1840, hasta el golpe de derecha de 2019 en Bolivia. El párrafo más largo cubre el período de la década de 1980, cuando Estados Unidos financió el genocidio en Guatemala; los escuadrones paramilitares de la muerte en El Salvador y los violentos contras que intentaban derrocar al gobierno revolucionario sandinista de Nicaragua.

La Resolución luego dice: “resuelve que la Cámara de Representantes considera... el Departamento de Estado debe confirmar formalmente que la Doctrina Monroe ya no es parte de la política de Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe; [y] en lugar de la Doctrina Monroe, el Gobierno Federal debe desarrollar una “Nueva Política de Buen Vecino”, diseñada para fomentar mejores relaciones y profundizar una cooperación más efectiva con todos los países del hemisferio”.

Exige un nuevo enfoque para promover el desarrollo basado en el respeto por la integridad de los planes soberanos de desarrollo económico de los gobiernos de la región, tomando en cuenta Estados Unidos ha apoyado muchos golpes de estado en América Latina y el Caribe porque los líderes estadounidenses consideraban que los planes de desarrollo de un país eran “socialistas” o de alguna manera ofensivos para el gobierno estadounidense de turno.

Asimismo, la Resolución orienta “poner fin a todas las sanciones económicas unilaterales impuestas mediante Ordenes Ejecutivas y trabajar con el Congreso para eliminar todas las sanciones unilaterales impuestas por ley, como el embargo a Cuba”.

Estados Unidos ha impuesto sanciones a muchos países de todo el mundo y las medidas planteadas en esta Resolución acabarían con las sanciones impuestas por el presidente y le daría el mandato de trabajar para eliminar las que resulten de leyes aprobadas por el Congreso, como la infame Ley NICA que ha impedido que Nicaragua reciba préstamos de instituciones financieras internacionales.

Otra medida exige “proceder a la pronta desclasificación de todos los archivos del Gobierno de Estados Unidos relacionados con pasados golpes de Estado, dictaduras y períodos en la historia de los países de América Latina y el Caribe que se caracterizan por alta tasa de crímenes contra los derechos humanos perpetrados por las fuerzas de seguridad”.

Esta desclasificación permitiría conocer más detalles sobre el apoyo de Estados Unidos a golpes e intentos de golpe en el pasado distante, así como otros más recientes, como los golpes que derrocaron al presidente hondureño Manuel Zelaya en 2009 y al presidente boliviano Evo Morales en 2019, así como el intento de golpe de Estado en 2018 contra el presidente Daniel Ortega en Nicaragua.

Asimismo, la iniciativa destaca la importancia de colaborar con los gobiernos de América Latina y el Caribe en una amplia y profunda reforma de la Organización de los Estados Americanos y aboga por una mayor democratización en el funcionamiento del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otras instituciones financieras internacionales.

La Resolución también propone la creación de un fondo fiduciario bajo Naciones Unidas para apoyar la acción climática en los países en desarrollo con contribuciones recurrentes de Estados Unidos a ese fondo. Vale recordar,. Nicaragua ha enfatizado continuamente en los foros internacionales, la obligación de los países ricos industrializados que causaron el calentamiento global, de ayudar al resto del mundo a adaptarse a los efectos del cambio climático.