El Gobierno venezolano anunció esta semana un nuevo conjunto de medidas económicas y avanzó así en su ofensiva para neutralizar lo que considera una guerra en ese ámbito, atizada por la derecha con el objetivo de desestabilizar el país.

En virtud de los poderes especiales que le otorga la recientemente sancionada Ley Habilitante, el presidente Nicolás Maduro anunció este viernes un decreto para el control y regulación de arrendamientos en el sector del comercio, el cual busca proteger a pequeños y medianos actores económicos.

Sostuvo que este sector ha sido víctima del "latifundismo urbano" y la especulación de un grupo de dueños de inmuebles.

Aclaró que el nuevo régimen será transitorio y que estará vigente hasta tanto se establezca una ley que regule este asunto y "permita desatar las fuerzas productivas sanas".

Entre otras providencias, el decreto establece que los cánones de arrendamiento de locales comerciales, productivos o de servicios no podrán exceder mensualmente los 250 bolívares por metro cuadrado.

La disposición dejará sin efecto las cláusulas de contrato que establezcan cánones en monedas extranjeras, ajustes periódicos de estos, valoración de activos intangibles (reputación, relaciones, etcétera), pagos sobre la base de porcentajes por ventas brutas o netas del arrendatario u otros como regalías, penalidades, comisiones.

De igual manera, prohíbe asimismo el arbitraje privado en conflictos; la resolución unilateral del convenio de arrendamiento; las medidas cautelares de secuestro de bienes o inmuebles, y la admisión de contratos de arrendamientos por parte de empresas extranjeras.

Dispone también que las controversias serán dirimidas a través de los mecanismos del Ministerio de Comercio.

Maduro activó asimismo el Centro Nacional de Comercio Exterior y una corporación para el manejo de las operaciones de importación y exportación, tal como fuera estipulado en un decreto especial suscrito la semana anterior.

El Centro se encargará de formular las políticas en el ámbito de su competencia y de regular instrumentos como el presupuesto nacional de divisas y los planes de importaciones, exportaciones e inversiones en el extranjero, entre otros.

Por su parte, la Corporación Venezolana de Comercio Exterior conducirá un conglomerado de empresas estatales para actividades de importación -eventualmente también podrá establecer alianzas con privados- y centralizar las exportaciones no petroleras.

Según el dignatario, la corporación se ocupará de procurar las mejores condiciones para estas operaciones y deberá garantizar la máxima eficiencia en las mismas.

El jefe de Estado dio a conocer también un par de medidas para incentivar y premiar a los ahorristas.

Así, se incrementará en 3,5 puntos porcentuales la actual tasa de ahorro en el país para las personas naturales con saldos iguales o inferiores a 20 mil bolívares (tres mil 164 dólares).

En adición a esto, se emitirá un instrumento especial que fija una renta del 15 por ciento para la captación de títulos de inversión de la banca pública con un tope máximo de un millón de bolívares (158 mil 730 dólares).

Un sondeo de opinión de la firma International Consulting Services evaluó el efecto de las medidas gubernamentales en el ámbito económico y reveló que el 77,3 por ciento de los encuestados (dos mil 150 personas del 20 al 27 de noviembre) apoya la fiscalización e intervención del Gobierno de empresas comerciales para poner coto a los sobreprecios.

Apenas un 20 por ciento rechazaron esta medida de choque que ha puesto incluso a disposición del Ministerio Público a algunos ejecutivos comerciales.

Por otra parte, el Consejo Nacional Electoral informó esta semana que el cronograma rumbo a los comicios municipales del 8 de diciembre se cumple según lo previsto y que todo "marcha sobre ruedas" en cada territorio del país.

Los candidatos prosiguen envueltos en sus respectivas campañas y encuestas favorecen a los candidatos alineados con el Gobierno (alianza del Gran Polo Patriótico) en la mayoría de las municipalidades.