Los más de 5,3 millones de hondureños con derechos electorales viven hoy una jornada de reflexión que les permita inclinarse por una de las ocho fórmulas de gobierno, que les prometen el mejoramiento de la existencia si son escogidos.

En una campaña no exenta de la violencia endémica en esta nación, con una tasa de 86 homicidios por cada 100 mil habitantes, los votantes están convocados para la jornada que definirá el presidente a partir del 27 de enero de 2014.

Los segundos comicios desde la asonada militar de 2009 encuentran por primera vez ocho partidos en liza, uno menos que hace dos días cuando se rompió la alianza entre el Frente Amplio Político Electoral en Resistencia y Unificación Democrática.

Tal cantidad de fuerzas políticas quebró el tradicional bipartidismo en la nación centroamericana de 8,5 millones de habitantes que existió entre el gubernamental Nacional (PN) y el Liberal (PL).

Las últimas encuestas publicadas oficialmente en octubre pasado dieron un virtual empate técnico entre el aspirante por el PN, Juan Orlando Hernández, y la del Partido Libertad y Refundación, Xiomara Castro.

También figuran Mauricio Villeda, del PL, y Salvador Nasralla, del Partido Anticorrupción, además de Orle Solís, de la Democracia Cristiana, y Jorge Aguilar, del Partido de Innovación y Unidad Social Demócrata.

La lista la completan el general retirado Romeo Vásquez, de la Alianza Patriótica Republicana, y el activista de derechos humanos Andrés Pavón, por el Frente Amplio Político Electoral en Resistencia.

Los hondureños además votarán por tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldes, 128 diputados en el Congreso y 20 del Parlamento Centroamericano (Parlacen), los dos últimos con sus respectivos suplentes.

De acuerdo con el cronograma este sábado los militares y policías que participan en el operativo electoral deben entregar los materiales en los más de cinco mil 400 colegios de los 18 departamentos del país.

El mandatario electo deberá hacer frente a la violencia que protagonizan pandillas de delincuentes y narcotraficantes, además de una pobreza que cubre al 70 por ciento de la población.

Por si fuera poco tendrá el encargo de fortalecer la débil institucionalidad, quebrada por el golpe de Estado de 2009 contra José Manuel Zelaya, y disminuir la influencia de las fuerzas armadas en la vida civil.