El debate sobre la idoneidad de impulsar reformas a nuestra Carta Magna sigue generando expectativas positivas de algunas personalidades políticas, entre estas la del ex procurador de la niñez y actual legislador sandinista Carlos Emilio López, del Subprocurador de Derechos Humanos, Adolfo Jarquín Ortel, y del jurista Carlos Mario Peña.

La Constitución Política de Nicaragua es la Ley Suprema o Ley Madre de la República, por lo tanto se hace necesario en algunas ocasiones adecuarla a los tiempos y las necesidades que genera el desarrollo.

“La Constitución debe estar acorde a los nuevos tiempos, la Constitución y ahora la reforma que presenta la bancada sandinista apuntan a fortalecer el sistema democrático nicaragüense, apuntan a consolidar el estado social democrático y de derecho, porque fortalece la democracia representativa, la democracia participativa, la democracia económica, la democracia social y la democracia cultural”, indicó Carlos Emilio.

Agregó que la democracia representativa se fortalece porque se mantiene el sistema de elección popular, se mantiene el pluripartidismo, es decir todos partidos políticos podrán participar en los procesos electorales.

“Se fortalece la democracia participativa, ya que las personas, las familias, las comunidades ahora se convierten en protagonistas, participan a través de los Gabinetes de la Familia, a través de los consejos familiares, sectoriales, territoriales”, apuntó el legislador.

Expresó que estas propuestas consolidan la soberanía y los derechos de autodeterminación del estado de Nicaragua sobre su plataforma marítima y administrar y explotar las riquezas del mar Caribe.

El subprocurador de derechos Humanos Adolfo Jarquín Ortel considera que la propuesta toca aspectos fundamentales para ayudar al país a seguir por la senda del desarrollo, tal y como ha ocurrido en los últimos 7 años.

“Se busca como consolidar un régimen democrático, en base a la democracia participativa, aquí se le da mayor énfasis a la familia, como núcleo fundamental de una sociedad, es el motor del desarrollo de los pueblos”.

“Hay un énfasis en el desarrollo humano, en la persona, en la solidaridad, en los valores socialistas, en los valores cristianos”, puntualizó Jarquín.

En tanto el jurista Carlos Mario Peña, considera que estas propuestas vienen a consolidar a nuestra Carta Magna.

“Para mí es un logro, porque se viene a consolidar a Nicaragua porque jamás en la historia ha habido gobiernos que impulsen este tipo de reformas donde se incluyan sentencias de la Corte Internacional de la Haya y que verdaderamente se reflejen en la Constitución”.

Sobre el tema de que efectivos militares activos puedan ser considerados para ocupar posiciones en el gobierno, Peña recordó que en naciones que presumen de su democracia, altos cargos militares ocupan importantes posiciones.

“Hemos visto en otros países muy desarrollados como los Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador, Panamá, donde altos militares ocupan puestos destacados como Ministro de Defensa, Secretario de Estado, en los Estados Unidos son jefes del Pentágono, de las centrales de inteligencia, todos son altos militares en servicios activos, no podemos extrañarnos de porque un militar no se le permita a un cargo de elección popular o electo por medio del Poder Ejecutivo”, opinó Peña.

Principales aspectos de reformas constitucionales

Promueve a la familia como núcleo fundamental de la sociedad, constitucionaliza las sentencias de la Corte Internacional de Justicia de la Haya del 8 de octubre del 2007 y del 19 de noviembre del 2012, referentes a los límites marítimos, el mar territorial y al determinación de futuros limites a través de acuerdos bilaterales o sentencias de la CIJ.

La reforma plantea que el Estado de Nicaragua asume y hace suya la Declaración Universal del Bien Común de la Tierra y la Humanidad de Naciones Unidas. Profundiza en la seguridad y la paz de la nación, fortaleciendo la institucionalidad con la participación protagónica de la persona, la familia y la comunidad.

Se constitucionaliza el modelo de gobierno que se está aplicando en el país con formas de participación directa de las y los trabajadores sindicatos, federaciones, de los empresarios privados. Se hace ley la participación igualitaria en las candidaturas de elección popular de hombres y mujeres en un 50 por ciento de forma alterna. Se cambia el concepto de Costa Atlántica por Costa Caribe. Se plantea extender en un año (5 años) el periodo para los alcaldes, vicealcaldes, concejales, así como de los Concejales regionales autonómicos.

Otro punto es fortalecer el sistema de defensa y seguridad nacional al determinar que todas las bases de datos y registros informáticos deberán permanecer en el país.