El Gobierno de Nicaragua, mediante su representante ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con sede en La Haya, Doctor Carlos Argüello, solicitó a ese organismo jurídico internacional, rechazar la pretensión de Costa Rica de imponer nuevas medidas cautelares a Nicaragua, en el marco del diferendo limítrofe que mantienen ambos países en el alto tribunal.

El equipo de abogados de Nicaragua refutó de manera tajante los alegatos de Costa Rica y dejaron claro que la imposición de más medidas cautelares para Nicaragua son en realidad una lesión a la soberanía de este país.

“En cuanto al pedido de nuevas medidas cautelares por parte de la República de Costa Rica, la República de Nicaragua pide que no se otorguen estas medidas cautelares a Costa Rica y que se le denieguen”, expresó el doctor Carlos Argüello, al finalizar su exposición durante la segunda y última ronda de alegatos por parte de Nicaragua ante los jueces del alto tribunal.

A raíz de la supuesta construcción de dos canales fluviales por parte de Nicaragua en el territorio en disputa, Costa Rica requirió la inmediata e incondicional suspensión de cualquier trabajo o dragado en esa zona, así como el permiso para iniciar acciones sobre el terreno para prevenir daños irreparables en la zona en conflicto.

Ante eso, Argüello explicó que cuando Costa Rica protestó el 16 de septiembre pasado sobre esa situación, la respuesta del Presidente Daniel Ortega fue muy rápida.

“Incluso hubo una atención personal del Presidente a muy pocas horas y días de la queja de Costa Rica y es inusual que cualquier presidente reaccione tan rápido y debo decir que en un asunto tan importante no es inusual la inmediata actuación del Presidente Ortega”, comentó Arguello.

El representante de Nicaragua consideró que debido a su situación política interna, donde la presidenta Laura Chinchilla no goza de amplia popularidad, Costa Rica ha politizado el caso con Nicaragua.

En cambio, dijo, el Gobierno de Nicaragua goza de una alta aprobación de parte del pueblo nicaragüense y es reconocida en el 4to lugar, entre casi 20 países latinoamericanos, por la excelente gestión del Presidente Daniel Ortega.

Este “no es el caso de Costa Rica, donde vemos que su presidenta es aprobada por una minoría de la población”.

“Es por eso que el gobierno de Costa Rica está politizando este caso. Costa Rica viene aquí a buscar apoyo de ustedes para básicamente usar el nacionalismo costarricense en contra de Nicaragua”, afirmó Argüello.

Por el contrario, explicó que “la posición de Nicaragua ha sido invitar a Costa Rica en diferentes ocasiones para que trabajáramos juntos para resolver toda esta situación, incluso en el territorio en disputa”.

El agente aprovechó una vez más el uso de la palabra ante el alto tribunal para “de nuevo hacer un llamado a las partes para tener un diálogo bilateral y facilitar la implementación de la orden de la Corte del 8 de marzo del 2011”.

Por su parte, el doctor Paul Rechler, primer abogado de Nicaragua en hacer uso de la palabra, explicó que las evidencias presentadas por Costa Rica ante el alto tribunal no muestran nada nuevo y que por el contrario refuerzan la posición de Nicaragua, país que cesó todo tipo de trabajo desde la orden que dio el Presidente Daniel Ortega.

Además señaló que las valoraciones científicas indican que nunca hubo riesgo irreparable al medio ambiente y daños al Río San Juan. En ese mismo sentido reiteró que es la carretera que construyó Costa Rica al margen del Río San Juan, la que causa severos daños al río, incluido el de la dificultad para navegar en el mismo.

“Costa Rica no ha probado nada en cuanto a sus solicitudes, no hay ninguna duda de que las actividades han sido suspendidas y que las personas y equipos han sido retiradas”, afirmó Rechler.

Otro de los abogados de la parte nicaragüense señaló que las preocupaciones de Costa Rica son exageradas.

“Todo el argumento técnico de Costa Rica que el río iba a cambiar su curso está basado en que el trabajo del caño tendría que completarse y conectar al mar. Costa Rica no ha presentado ni una pizca de evidencia sobre eso”, indicaron.

“El trabajo ha cesado, las condiciones climatológicas e hidrográficas son las mismas con referencia al caño original. Las trincheras aguas arriba y aguas abajo están bloqueadas, no hay ninguna de las consecuencias catastróficas que Costa Rica presume que se van a dar”, explicaron.

Nicaragua también argumentó que en esta solicitud de medidas cautelares Costa Rica está pidiendo más de lo que la Corte le puede otorgar a esta altura de la demanda original.

“Cuando uno solicita medidas cautelares, no puede ser la oportunidad para el Estado solicitante lograr una ventaja de cualquier tipo en la demanda original”, explicaron los abogados, agregando que “las sobre contra-medidas que pide Costa Rica ya hacen toda una mezcla de cuestiones territoriales y de responsabilidad que no tiene que ver con la solicitud original”.

Recordaron además que ya el alto tribunal ha dicho en ocasiones anteriores que “en el contexto de cuestiones fronterizas no puede y no debe, en la etapa de medidas cautelares, emitir un juicio implícito anterior en cuanto a los derechos soberanos de un país cuando se trata de un litigio fronterizo”.

El equipo de abogados remarcó que “Costa Rica no puede venir aquí hoy y extender su solicitud de manera subrepticia, para redefinir su alcance y ambiciones territoriales”, las cuales no están establecidas en la solicitud original, sino que son nuevos requerimientos de su parte.

Los abogados también recordaron que “el Río San Juan es parte del territorio nicaragüense y sólo Nicaragua tiene posesión, dominio y soberana jurisdicción sobre las aguas del Río San Juan en sus orígenes en el Lago (de Nicaragua) hasta cuando desemboca en el Atlántico”.