Diferentes políticos nicaragüenses opinaron que la facción del PLI que lidera el ex banquero Eduardo Montealegre Rivas, debe ser sometida a investigación por parte de la Contraloría General de la República, a fin que determine la veracidad o falsedad de versiones que aseguran, que ese grupo recibió fondos de la empresa Sociedad International Investments and Financial Services Inc, propiedad de Álvaro Montealegre Rivas, quien cumple arresto domiciliario por los delitos de estafa agravada contra la orden religiosa Santa Teresa de Jesús.

El diputado del PLC Wilfredo Navarro manifestó que crea suspicacia que la tesorera del PLI y asistente financiera de Eduardo Montealegre, señora Kitty Monterrey públicamente haya pedido a las bases de ese grupo político a demostrar su apoyo a Álvaro, a quien definió como “uno de los principales financiadores del PLI".

Monterrey que legalmente tiene el nombre de Carmelia María Rogers, laboraba para la firma Finarca, entidad vinculada a la empresa de Álvaro, quien en todo momento ha intentado desvincular a su hermano de las acusaciones.

Fuentes vinculadas al PLI señalan que los financieros de ese grupo están trabajando horas extras para maquillar las cuentas a fin de desvincularse de Álvaro Montealegre Rivas.

Navarro considera que le vienen días difíciles al PLI, sobre todo porque comienzan a filtrarse las informaciones del dinero que aportaba Álvaro, fondos que aparentemente provenían de las arcas de la Sociedad International Investments and Financial Services Inc.

“En realidad es un escándalo fruto de actitudes delictuales de algunas personas vinculadas al PLI que lidera Eduardo Montealegre y que su hermano es el principal involucrado en este fraude. Aquí no podemos decir que es una campaña política, porque a las que estafaron fue a organizaciones de gran respeto, como lo es la comunidad de las monjitas teresianas y lo más grave es que para la campaña del PLI las empresas del hermano de Eduardo Montealegre financiaron la campaña del PLI y pagan los sueldos de los empleados del PLI”, aseguró Navarro.

“Hay que investigar que si el dinero que les estafaron a las monjitas no fue usado para el manejo en el PLI, aquí hay que profundizar porque lo que se cometió fue un delito, si aquí anduvieron recogiendo plata, haciendo funciones de instituciones financieras sin tener la autorización de la Superintendencia de Banco, eso es estafa, eso es fraude”, dijo Navarro.

En tanto José Venancio Berrios, presidente de otra de las facciones del PLI, señaló que Álvaro Montealegre Rivas y Roberto Bendaña aparentemente utilizaron a Bancentro para realizar malos manejos de fondos de dudosa procedencia. La Fiscal Adjunta Ana Julia Guido denunció la semana pasada que esa entidad financiera se negó a levantar el sigilo bancario, tal y como lo dispuso una autoridad judicial.

Berrios considera que se debe tomar cartas en el asunto, para determinar la veracidad o falsedad de estos rumores que recorren los pasillos parlamentarios.

Triangularon fondos

Navarro planteó la hipótesis que los tres acusados pudieron utilizar los fondos de sus clientes, para “usar el trampolín del PLI para escamotear dinero y sacarlo del país”.

María Eugenia Sequeira diputada del PLI, salió en defensa de los hermanos Montealegre, manifestando que no existe razón que comprometa a ese partido con fondos estafados a las monjitas o a otras personas.

“No hay ninguna vinculación en esto, no hay ninguna vinculación y punto. Ahí están todos los informes en la Contraloría (…) no hay ningún vinculo”, respondió Sequeira a los cuestionamientos, argumentando que hay personas que quieren perjudicar a su partido.

Álvaro Montealegre, Roberto Bendaña McEwan y Hugo Paguaga, socios y directivos de la Sociedad International Investments and Financial Services Inc, cumplen casa por cárcel por los delitos de estafa agravada (bancaria) y ofrecimiento fraudulento de activos de crédito, en perjuicio de la congregación religiosa Santa Teresa de Jesús.

Pero los problemas legales de estos tres señores no terminan en este caso, pues en diferentes días han llegado diversas acusaciones de parte de otras personas que aseguran haber entregado miles y miles de dólares a la citada empresa panameña, que de acuerdo a las investigaciones del Ministerio Público, es una compañía de maletín que fue creada con la finalidad de captar de forma fraudulenta dinero del público sin estar autorizada por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras.

La Fiscal Adjunta Ana Julia Guido afirmó que las investigaciones han permitido conocer que el monto de lo defraudado asciende a más de cinco millones de dólares, dinero que podría incrementarse con la llegada de nuevas acusaciones.