La empresa de maletín que creó Álvaro Montealegre Rivas, su cuñado Roberto Bendaña y Hugo Paguaga Baca acumuló alrededor de 5 millones de dólares de al menos unos 30 personas que firmaron los famosos certificados de inversión, con el que obtenían de forma fraudulenta el dinero de sus clientes.

La Fiscal Adjunta del Ministerio Público, Ana Julia Guido, aseguró que las investigaciones que realizan han determinado que hasta el momento la cifra defraudada asciende a los cinco millones de dólares y que las personas perjudicadas suman unas 30, pero el número podría aumentar en los próximos días.

“La deuda según la información que nosotros tenemos anda más o menos por más de cinco millones (dólares), es lo que ellos deben y estamos hablando de aproximadamente 30 víctimas, y van a seguir apareciendo, así como vino el señor (Adolfo) Tinoco Fonseca el día de ayer, seguramente van aparecer otros”, dijo.

Las declaraciones de Guido se dieron minutos después que concluyó la maratónica jornada que tuvo como protagonistas a los tres acusados, que llegaron (por separado) en una patrulla policial de la Dirección de Auxilio Judicial, con al menos 4 agentes policiales que resguardaban a los procesados.

De los tres, Paguaga ha sido el más colaborador, aseguró Guido, mientras Bendaña de forma anticipada presentó lo que a su criterio considera pruebas que demuestran su inocencia en el caso de las monjitas de la orden Santa Teresa de Jesús.

Guido aseguró que Montealegre Rivas volvió a cobijarse en su derecho constitucional de no declarar ante el Ministerio Público, pues manifestó que lo hará solamente en los juzgados.

Cabe destacar que Montealegre Rivas, Bendaña y Paguaga llegaron al Ministerio Público para rendir declaraciones en el caso de la denuncia por estafa agravada, crimen organizado y lavado de dinero, que interpuso el señor Mario Sequeira en nombre Francisca Noguera, Gloria López de Argüello, y Liana López de Noguera.

También tenían que declarar por la tercera denuncia que el señor Adolfo Tinoco Fonseca interpuso contra la sociedad panameña International Investments and Financial Services, Inc. Tinoco reclama a Montealegre y compañía la suma de 105 mil dólares, con sus respectivos intereses, mientras las hermanas Noguera López piden 390 mil dólares.

“Aquí lo más importante y aunque ellos no hablen y aunque ellos no colaboren, de todas maneras la confesión no hace pruebas en el proceso (…) la investigación la vamos a continuar, el juicio está previsto para el 11 de octubre y ahí como Ministerio Público vamos a aportar todas las pruebas que tenemos para demostrar la responsabilidad que tienen en la comisión de estos delitos”, dijo Guido, quien planteó la posibilidad de acumular todas las denuncias y acusaciones en una sola causa.

Bancentro no levanta sigilo bancario

Otro hecho destacado dado a conocer por Guido, es la actitud de las autoridades de la entidad financiera Bancentro, quien se ha negado a remitir el estado de las cuentas bancarias de los procesados.

Guido aseguró que todas las instituciones financieras han acatado el levantamiento del sigilo bancario ordenado por el Juez Sexto Penal de Audiencias Henry Morales, pero solamente Bancentro se niega. Cabe destacar que el ex candidato presidencial Eduardo Montealegre es accionista del Bancentro, por lo que no se descarta que haya utilizado sus influencias para impedir que se conozca el estado financiero de su hermano y de cuñado.

Sobre la solicitud de apoyo a las autoridades panameñas, la Fiscal Adjunta aseguró que aún están valorando hacer la petición, dado que “los delitos se cometieron en Nicaragua y la famosa empresa de maletín que nosotros le llamamos, esa empresa simplemente ninguna de las personas comparecieron en Panamá, todo se hizo aquí y después se envió a través de correos”.

Guido no brindó información sobre el estado financiero de las cuentas, pues aseguró que los sobres que contienen la documentación no han sido analizados.

Montealegre pide intersección de Monseñor Brenes

Montealegre el pasado 26 de agosto remitió una carta al Arzobispo de Managua Monseñor Leopoldo Brenes, donde le solicita una audiencia para explicarle lo relacionado con el dinero de las monjitas. En la misiva también pretende exonerar de culpa a su cuñado.

“Quiero de manera personal y con todo respeto a su persona y la autoridad que tiene ante nuestra amada iglesia, que primero nos dé la oportunidad de compartir todos los hechos y la información correcta de todo el caso antes de continuar en la corte pública de los medios. Primero permítame decirle que mi cuñado Roberto Bendaña McEwan no es parte de la compañía de inversiones, lo fue a su inicio y cesó él de ser parte el 11 de agosto de 2009”, señala la carta de Montealegre.

“También déjeme asegurarle que yo tengo toda la intención de cumplir como parte de la misma compañía de inversión con los compromisos. Creí habíamos encontrado un punto de acuerdo de cómo y cuando se harían los pagos y ahora se nos ha hecho imposible lograr una cita con las hermanas. Le pido si nos puede ayudar a concretar tal reunión y así todos como cristianos hablemos, arreglemos y tratemos esto como lo que es, una transacción de inversión”, se lee en otro párrafo de la carta.

Guido aseguró que la carta que Montealegre Rivas a Monseñor Brenes no tiene ningún valor legal y que tampoco exime de ninguna responsabilidad a Bendaña y al resto de procesados.

En la jornada de este viernes, el primero en llegar fue Paguaga seguido de Bendaña que nuevamente aseguró ser inocente y que espera que la carta remitida por su cuñado, le ayude a que lo exoneren de los cargos.

“Es una carta que tiene un valor moral, nosotros esperaríamos una carta en el mismo sentido con un valor legal. Siempre con la frente en alto, vamos a salir limpio demostrando nuestra inocencia, nunca maneje contabilidad, nunca maneje finanzas”, dijo Bendaña al solicitar a su cuñado Álvaro que jurídicamente le exonere de cualquier vínculo con la empresa fantasma.

Montealegre para la segunda y tercera denuncia nombró al abogado Harlan Huete, para que lo represente. Los tres acusados guardan prisión domiciliar con custodia policial permanente, retención migratoria, congelamiento de sus activos y levantamiento del sigilo bancario y tributario.