Especialistas nicaragüenses en derecho internacional reaccionaron este jueves ante la publicación del decreto 1870 por parte del Gobierno de Colombia, en donde se establecen una serie de medidas para el Archipiélago de San Andrés, algunas de las cuales consideran son "ambiguas" frente al fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.

Ante esta situación, los especialistas en derecho internacional Manuel Madriz y Mauricio Herdocia, coincidieron en que la sentencia de la CIJ, dictada hace casi un año, es de ineludible cumplimiento y debe ser acatada por ambos Estados.

Madriz señaló que existe un mapa que acompaña al fallo de La Haya “donde está el trazo de la línea divisoria entre los espacios marítimos colombianos y los espacios marítimos nicaragüenses. Eso es una realidad jurídica desde el 19 de noviembre del año pasado (2012)”.

El experto recordó que “ningún Estado puede anteponer su derecho interno para el incumplimiento de sus obligaciones internacionales conforme al derecho internacional”.

“No existe esa posibilidad de que un Estado pueda anteponer su legislación interna para el incumplimiento de sus obligaciones internacionales”, afirmó Madriz, agregando que en este caso del decreto colombiano, de pretender desconocer el fallo de La Haya, carecería de valor jurídico ante el derecho internacional.

Por su parte, Herdocia recordó que la CIJ definió en la sentencia del 19 de noviembre del 2012, los espacios marítimos que le pertenecen a Nicaragua y a Colombia.

En ese sentido, explicó que “en su territorio Colombia tiene derecho de practicar las medidas de ordenamiento, inversión y reconversión con sus poblaciones que estime pertinente”, pero siempre y cuando respete los límites que han sido establecidos y que están definidos claramente en el punto 4 operativo del fallo de la CIJ.

“En ese punto 4 se expresa con toda claridad y firmeza cuáles son los puntos geodésicos que marcan cada una de las coordenadas en las cuales está delimitado el territorio colombiano”, afirmó.

“En lo relativo a las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Colombia obviamente tiene derecho a desarrollar las acciones de inversión, reconversión y producción que estime pertinente”, señaló Herdocia, agregando que lo que no debe hacer el ejecutivo colombiano es afectar el territorio nicaragüense.

Sin embargo, a juicio de este especialista, en algunos de sus artículos el decreto se presta a la ambigüedad.

“Lo que pasa es que dentro del Decreto se dicen cuestiones como que la cartografía que se va a utilizar está inspirada en los años 2010, 2011, 2012. Ahí es donde nosotros tenemos que tener especial cuidado porque el fallo se da el 19 de noviembre del año 2012. Es decir, cualquier acción que Colombia haga en materia de mapas, en materia de cartografía debe limitarse a los territorios reconocidos por la Corte. No puede ir más allá y cuando se tomen en cuenta cartografías anteriores, deben actualizarse para que respondan a lo definido por el fallo. De otra manera seria colocarse de espaldas al derecho internacional”, explicó.

Herdocia afirmó que el único mapa válido para los derechos de Colombia y para los derechos de Nicaragua es el definido por la CIJ, por tal razón indicó que “Nicaragua debe estar atenta a que estas acciones cartográficas se produzcan dentro de lo dispuesto por la CIJ y no sobrepasen los espacios que han sido asignados a Colombia”.

El experto recomendó a las autoridades nicaragüenses estar atentos a que se respete integralmente lo dispuesto por La Haya, “sobre todo las coordenadas que han sido definidas aquí que separan los espacios marítimos de Nicaragua y los espacios marítimos de Colombia”.

A juicio de Herdocia, el Decreto deja entrever que Colombia viéndose en una nueva realidad a partir del fallo de la CIJ, se ve obligada a realizar actividades para promover su preservación económica y social en el Archipiélago.

“Lo que sucede es que hay que tomar en consideración que Colombia se creía dueña de los territorios nicaragüenses y que fue la CIJ la que puso un freno a esa situación. Ahora Colombia está limitada a las actividades de pesca establecida por las zonas asignadas o reconocidas por la CIJ”, comentó.

Por otro lado Herdocia recordó el ofrecimiento del Presidente Daniel, quien considerando la sostenibilidad de las poblaciones raizales ha lanzado varias propuestas para permitir la pesca artesanal en aguas nicaragüenses.

Herdocia señaló que mientras Colombia no ha definido aún de manera categórica su posición frente a un fallo de ineludible cumplimiento, la posición oficial de Nicaragua es totalmente clara. “El fallo se tiene que cumplir de una manera terminante y categórica”.

“Nosotros estamos llevando a cabo las acciones que nos corresponde realizar en ese marco y siendo también flexibles y ofreciendo a Colombia la posibilidad de formar una comisión colombo-nicaragüense, en donde lleguemos a establecer un tratado de ejecución de sentencia para lidiar con los temas que requieren de la coordinación, la colaboración y la cooperación en el ámbito del medio ambiente, la seguridad y la pesca”, aseguró Herdocia.

Entre estos planes de coordinación que se retomarían en un futuro tratado entre ambas naciones se encuentra la conservación de la reserva Sea Flowers.

“Ahí lo importante es que Nicaragua le ha ofrecido a Colombia la posibilidad de trabajar el tema de la reserva de biósfera de manera coordinada, ese podría ser uno de los temas que serian contemplados en el tratado de ejecución de sentencia que Nicaragua estaría anuente a negociar y a suscribir dentro del respeto a la soberanía de Nicaragua, nada fuera de ella, y dentro de lo establecido por el fallo de la CIJ, nada fuera de esa sentencia”, dijo Herdocia.