La orden de las Hermanas Teresianas de la Compañía de Santa Teresa de Jesús rompió el jueves su silencio y pidió se les haga justicia por la estafa agravada cometida por Roberto Bendaña McEwan y Álvaro Montealegre.

En un comunicado, las hermanas de la orden explican que "en la búsqueda de opciones que nos permitieran ampliar y mejorar las acciones benéficas a las personas que servimos, establecimos relación con una empresa que se nos presentó como una entidad financiera sólida, seria, estable y con suficiente respaldo, la que se identificó como International Investments and Financial Services, Inc. en la que figura como presidente el Sr. Roberto Bendaña McEwan y como tesorero el Sr. Álvaro Montealegre, según el acta constitutiva que se nos entregó".

Agregan que "colocamos dinero de nuestra Congregación Religiosa en certificados a plazo fijo en dicha supuesta entidad financiera, y al vencerse los certificados, el 1ro. de octubre del 2012 y el 7 de Julio del 2013, reclamamos los pagos correspondientes, que a la fecha de nuestra denuncia (20 de agosto del 2013), asciende al monto de US$526,433.18, sin que la supuesta entidad financiera hiciera efectivo el pago.

"Durante todo el mes de julio de este año, agotamos todos los medios a nuestro alcance a fin de obtener una respuesta positiva a nuestra situación, lo que hicimos a través de correos electrónicos, llamadas telefónicas y reuniones personales con el Sr. Álvaro Montealegre Rivas sin obtener una respuesta clara a nuestro caso ni sobre la situación financiera real de la supuesta entidad financiera".

El comunicado de la orden de las monjitas Teresianas explica que decidieron llevar su reclamo de cobro a la Fiscalía "al verificar la falta de transparencia, ocultación de información y engaño al que fuimos sometidas por International Investments and Financial Services, Inc., decidimos interponer formal denuncia por el delito de estafa ante el Ministerio Público, a fin de que dicha empresa y las acciones cometidas en perjuicio de nuestra Congregación y de las personas que se benefician de nuestras obras y programas sociales, fueran investigadas y se procediera conforme lo establece la legislación penal de nuestro país, con el objetivo de recuperar el dinero de nuestra Congregación".

"En este momento el caso se encuentra en conocimiento e investigación de las autoridades del Ministerio Público y estamos a la espera de los resultados a fin de que el caso siga el curso que corresponda conforme a la ley. Como Congregación Religiosa, consideramos que nuestra denuncia escrita y entregada en el Ministerio Público expresa una palabra clara de un reclamo justo, por lo que hemos decidido no brindar declaraciones a los medios de comunicación que pueden ser susceptibles de perjudicar a personas, cuando lo que condenamos son los hechos que van en contra de la justicia y de la ética cristiana en la que creemos".

El comunicado concluye agradeciendo "los numerosos gestos de solidaridad que nos han llegado, la confianza depositada en nosotras y el ánimo que nos comunican para defender hasta el final, en justicia, unos bienes que están destinados al beneficio de la población que atendemos a través de nuestras obras".