Álvaro Montealegre Rivas, hermano del banquero Eduardo Montealegre, acusado de haber realizado el mayor fraude de la historia del país con el caso de las CENIS, se presentó al Ministerio Público a rendir su declaración ante la denuncia de estafa que interpusieron las religiosas de la orden Santa Teresa de Jesús.
También se presentó Roberto Bendaña, quien junto a Hugo Paguaga y Montealegre Rivas figuran como socios de la Sociedad International Investment and Financial Services, Inc., firma que recibió de las religiosas unos 520 mil dólares divididos en dos certificados de inversión en el 2011.
De acuerdo a la denuncia, la citada empresa se niega a devolver el dinero a las religiosas, argumentando una serie de argucias jurídicas que hacen suponer a las denunciantes, de estar siendo víctimas de una vil estafa.
Mientras Montealegre se limitó a responder escuetamente las preguntas de los periodistas, Bendaña dijo estar sorprendido de la denuncia en su contra y aseguró que se salió de la sociedad en el 2009 y por lo tanto nada tiene que ver.
Y aunque no quiso decirlo categóricamente, entre líneas mencionó que existe mala fe de “algunas personas que engañaron” a las religiosas al involucrarlo a pesar de haber renunciado a la sociedad.
Bendaña que es cuñado de los hermanos Montealegres Rivas, mantiene desde hace un par de años diferencias irreconciliables con el acusado por los Cenis (Certificados Negociables de Inversión”.
La Sociedad International Investment and Financial Services, Inc., con sede en Panamá recibió el primero de octubre del 2011, la cantidad de 57 mil 378 dólares, quedando depositado en un certificado numero 178, a plazo de 12 meses y con un interés del 7 por ciento. De acuerdo a la denuncia por ese dinero las monjas recibirían 3 mil 376 dólares en concepto de interés.
Un año después las religiosas entregaron a Montealegre y compañía la suma de 428 mil dólares, dinero que percibiría en intereses unos 29 mil 960 dólares. Sin embargo después de vencidos el plazo de los certificados, las monjitas comenzaron a solicitar su dinero con sus respectivos intereses, sin embargo los acusados les daban toda clase de pretextos y en ningún momento el efectivo.
Aparentemente la empresa de Álvaro Montealegre Rivas y compañía, es de maletín, algo que rechaza el acusado, quien es defendido por la abogada Elga Hatcher, la misma que ha representado judicialmente a Eduardo Montealegre en el caso de los CENIS y al jefe editor del diario La Prensa Eduardo Enríquez.
Montealegre llegó a la fiscalía a las 9 en punto de la mañana y por espacio de hora y media, compareció ante el fiscal Douglas Vargas, al igual que Bendaña que llegó media hora después del primero y salió a las 11 y 20 minutos del día.
El primero se abstuvo de responder a los periodistas la manera como convencieron a la hermana Ángela Cuadra Cuadra, para que entregaran el dinero que supuestamente iba a ser invertido para recibir buenos dividendos.
“Yo respondí al fiscal, esto es un juicio civil y por supuesto que rechazo las acusaciones”, dijo Montealegre después de salir del interrogatorio del Ministerio Público y montarse en una camioneta Suburban marcha Chevrolet, color negro.
Minutos antes de ingresar a la fiscalía, Montealegre se declaró sorprendido de la denuncia, “hasta ahorita voy a entender lo que vamos a ver, así que no puedo comentar”.
Mientras Roberto Bendaña, un enemigo político de Eduardo Montealegre, aseguró que renunció a la presidencia de la directiva de la empresa en agosto
“No tengo nada que ver con esa empresa, fungí como director fundador por dos meses en el 2009, de junio a agosto, después me reemplazó el señor Hugo Paguaga Baca, y a la empresa Café Don Paco S.A de la cual yo era socio, la reemplazo Inversiones Almouri S.A”, indicó Bendaña que rechazó tener sociedad con Álvaro Montealegre. Hugo Paguaga fue el único que no se presentó a la citatoria del Ministerio Público.
La noticia de esta presunta estafa con las religiosas, fue publicada por La Prensa, situación que molestó al señor Eduardo Montealegre, quien airadamente pidió a los dueños de ese rotativo el despido de los periodistas que estuvieron involucrados en la edición y redacción de la nota.
Producto de esta situación, cinco periodistas del diario La Prensa fueron sancionados con multas económicas y ausencia temporal a sus labores. Entre estos se encuentra la editora Nohelia González, el editor de fin de semana Eduardo Cruz, los redactores Emiliano Chamorro, Martha Vásquez y Elizabeth Romero.
