Nicaragua ha sido blanco de las agresiones estadounidenses desde la década de 1850. El ataque de la administración Biden al gobierno recién electo es el último capítulo de una larga y sórdida historia. Los relatos de testigos presenciales del proceso electoral, revelan las manipulaciones y mentiras inventadas por Estados Unidos y sus socios de medios corporativos en este último intento de cambio de régimen.

Estados Unidos ha llevado a cabo continuamente actos de agresión contra Nicaragua y su pueblo durante más de 150 años. Las acciones de Joseph Biden por socavar la soberanía de ese país son parte de una larga historia de invasiones, golpes de estado y apoyo a los títeres estadounidenses.

La administración Biden declaró fraudulentas las recientes elecciones incluso antes de que se llevaran a cabo. Los medios corporativos repitieron mentiras sobre una "dictadura autoritaria" que provenía directamente del guión del Departamento de Estado. El congreso de Estados Unidos votó abrumadoramente para aprobar la Ley RENACER, un complot de cambio de régimen que establece la imposición de sanciones destinadas a crear miseria para los nicaragüenses. Las sanciones son guerra por otros medios, la versión moderna de enviar a los marines.

Estados Unidos ha hecho precisamente eso, ocupando el país desde 1912 hasta 1933. Pero esa no fue la primera vez que se enviaron fuerzas estadounidenses para socavar a los gobiernos de Nicaragua. En 1856, un estadounidense llamado William Walker invadió el país con un ejército mercenario y se declaró presidente. Walker fue apoyado por la esclavocracia estadounidense y buscó crear nuevas naciones esclavistas en la región. Durante su año de reinado, derogó la ley de abolición de la esclavitud de Nicaragua y fue reconocido como presidente por la administración de Franklin Pierce.

El siguiente brote de agresiones estadounidenses comenzó con la ocupación de los marines estadounidenses en 1912 que duró hasta 1933. Augusto C. Sandino libró una guerra de guerrillas contra la ocupación antes de ser asesinado bajo las órdenes de Anastasio Somoza. La familia Somoza gobernó hasta 1979 y siempre con el respaldo de Estados Unidos.

“Ocupando el país desde 1912 hasta 1933. Pero esa no fue la primera vez que se enviaron fuerzas estadounidenses para socavar a los gobiernos de Nicaragua”

El movimiento sandinista (que tomó su nombre en honor a Sandino), emergió triunfante en 1979 contra el régimen de Somoza y rápidamente fue atacado por la administración de Ronald Reagan. Los grupos de oposición conocidos como “contras” recibieron millones de dólares y fueron asistidos en la recaudación de fondos mediante la venta de cocaína en Estados Unidos. La epidemia de cocaína “crack” comenzó como parte de un plan imperialista estadounidense. La guerra que se libró en Nicaragua también se llevó a cabo contra las comunidades de color en este país.

El presidente Daniel Ortega fue reelecto el 7 de noviembre de 2021 y Washington volvió a declarar la guerra a su nación. La Ley RENACER fue aprobada en la Cámara de Representantes con 387 votos a favor contra 35, una mayoría indicativa del apoyo bipartidista a la guerra por otros medios.

El gobierno de Biden actuó rápidamente al denunciar las elecciones antes de que se llevaran a cabo, y repitió sus afirmaciones de una “elección pantomima” el día en que los nicaragüenses acudieron a las urnas y posteriormente orquestaron el rechazo de la Organización de Estados Americanos (OEA) a la decisión electoral del pueblo nicaragüense.

Como miembro de la delegación a Nicaragua de la Alianza Negra por la Paz (BAP), fui testigo de la determinación de los nicaragüenses de elegir su propio gobierno sin injerencias. Más de 200 representantes de 27 naciones fueron designados como acompañantes del proceso electoral.

La delegación del BAP viajó a la ciudad de Bluefields, en la Costa Caribe, donde residen garífunas y creoles de ascendencia africana con mestizos y comunidades indígenas miskitu, rama y ulwas. Los votantes de todos estos grupos acudieron a los bien organizados Centros de Votación, donde todos los candidatos presidenciales figuraban en la boleta. El proceso fue transparente y ordenado, a diferencia del proceso de votación en los Estados Unidos donde los votantes elegibles pueden ser eliminados de la boleta o verse obligados a esperar horas para emitir su voto.

A pesar de lo que afirmaron la Casa Blanca y los medios corporativos, los partidos de oposición pudieron hacer campaña libremente. Su material propagandístico era muy visible y nadie puede decir con seriedad que el público no conocía la variedad de opciones electorales.

El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) salió triunfante porque se esfuerza por satisfacer las necesidades populares. Los ciudadanos afrodescendientes de la Costa Caribe estaban reconocidos en el Programa del FSLN como un grupo con necesidades distintas. Antes de 1979, la Costa Caribe era una región excluida y literalmente aislada del resto del país, sin acceso a transporte y sin infraestructura básica como electricidad y agua potable. Los delegados del BAP escucharon el mensaje constante de que el apoyo al FSLN es el resultado de mejoras concretas en la vida de las personas. A pesar de la determinación de Estados Unidos de socavarlos, el FSLN ahora brinda atención médica gratuita y mayores oportunidades educativas en todo el país.

La Doctrina Monroe del siglo XIX está viva y coleando en el siglo XXI. Quien esté en el poder en Washington considera que otras naciones de este hemisferio son su "patio trasero". La población de Nicaragua de 6.5 millones es menor que la de la ciudad de Nueva York. Sin embargo, a esas pocas personas no se les permite ejercer su derecho a la autodeterminación sin provocar la ira del Tío Sam. Los nicaragüenses no son los primeros en sentir la venganza imperialista. La pequeña Grenada fue minada e invadida cuando trató de determinar la democracia por sí misma. Venezuela también está bajo el martillo de sanciones y Haití no puede hacer nada que Washington no apruebe.

Los medios corporativos pueden estar bajo los dictados del estado, pero la gente no tiene ninguna razón para seguir sus directrices. La presencia de delegaciones acompañantes en Nicaragua fue un paso importante para revelar cómo se pone en práctica el libreto de guerra híbrida.

Los nicaragüenses conocen bien su historia. Las mentiras del gobierno estadounidense están destinadas a una audiencia diferente. Busca engañar a su propio pueblo y con ello, obtener apoyo para cualquier forma de agresión que practica. El plan es consistente y comienza con los medios que amplifican las narrativas para lograr el apoyo a favor de la interferencia. Crear falsedades sobre los abusos de los derechos humanos es un ardid confiable para mantener a los estadounidenses complacientes con las actividades de su gobierno.

La colusión entre el gobierno y los medios explica por qué los “troles” están activos en las redes sociales, atacando a cualquiera que cuestione lo que dice Washington. Facebook continuó su trabajo en nombre del gobierno de Estados Unidos al eliminar cuentas que expresan cualquier apoyo a la soberanía de Nicaragua. El matrimonio de las grandes empresas de tecnología y el Partido Demócrata se demostró una vez más, comprobando que las afirmaciones de libertad y democracia en la política estadounidense son de hecho una elaborada "pantomima".

Puede parecer extraño que una nación pequeña sea el centro de tanta insistencia en destruir su independencia. Pero no es difícil entender que Nicaragua amenaza a Estados Unidos si se le permite determinar su propio destino. En Estados Unidos las personas que piensan que viven en democracia, en realidad no lo hacen. No tienen acceso a atención médica gratuita y se les dice que no hay esperanzas de tenerla nunca. Por ello, Nicaragua es un ejemplo de lo que la gente en los Estados Unidos podría tener si fueran tan libres como les gusta creer que son.

El impulso de subyugar es tan antiguo como la república, con Estados Unidos actuando como un hegemón en todo el mundo, creando conflicto y gran sufrimiento. El malvado compromiso de destruir la democracia nicaragüense no es inesperado, pero hay que oponerse a ello vehemente y enérgicamente. Hacerlo es una prueba de fuego que determina quién está realmente a la izquierda y quién no. No puede haber compromiso con la postura antiimperialista. Los derechos humanos de las personas en todo el mundo deben ser respetados y cualquier acción del gobierno de Estados Unidos para violarlos debe enfrentarse con una equivalente y firme determinación.

ENGLISH VERSION

Why U.S. Threatens Regime Change for Nicaragua

Nicaragua has been a target of U.S. aggressions since the 1850s. The Biden administration’s attack on the newly elected government is the latest chapter in a long and sordid history. Eyewitness accounts of the electoral process reveal the manipulations and lies concocted by the U.S. and its corporate media partners in this latest regime change effort.

The United States has continuously carried out acts of aggression against Nicaragua and its people for more than 150 years. Joseph Biden’s effort to undermine that country’s sovereignty is part of a long history of invasions, coups, and support for U.S. puppets.

The Biden administration declared the recent election fraudulent before it had even taken place. The corporate media repeated lies about an “authoritarian dictatorship” that came straight from the State Department’s script. The United States congress voted overwhelmingly to pass the RENACER Act, a regime change plot featuring the imposition of sanctions meant to create misery for Nicaraguans. Sanctions are war by other means, the modern-day version of sending the marines.

The U.S. has done just that, occupying the country from 1912 to 1933. But that was not the first time that U.S. forces were sent to undermine Nicaraguan governments. In 1856 an American named William Walker invaded the country with a mercenary army and declared himself president. Walker was supported by the American slavocracy and sought to create new slave holding nations in the region. During his year long reign, he revoked Nicaragua’s abolition law and he was recognized as president by the Franklin Pierce administration.

The next bout of American aggressions began with an occupation by the U.S. marines in 1912 which lasted until 1933. Augusto C. Sandino fought a guerrilla war against the occupation before being executed under orders of Anastasio Somoza. The Somoza family ruled until 1979 and always with the backing of the United States.

Occupying the country from 1912 to 1933. But that was not the first time that U.S. forces were sent to undermine Nicaraguan governments.

The Sandinista movement (which took its name after Sandino) emerged triumphant in 1979 against Somoza’s regime and quickly came under attack from the Ronald Reagan administration. The opposition groups known as “contras” were given millions of dollars and were assisted in fund raising through the sale of cocaine in the United States. The crack cocaine epidemic began as part of a U.S. imperialist plan. The war waged in Nicaragua was also carried out against communities of color in this country too.

President Daniel Ortega was re-elected on November 7, 2021 and Washington once again declared war on his nation. The RENACER Act passed by a vote of 387 to 35 in the House of Representatives, a huge majority indicative of bipartisan support for war by other means.

The Biden administration acted quickly in denouncing the election before it took place, and repeated their claims of a “pantomime election ” on the day that Nicaraguans went to the polls. They followed up by orchestrating an Organization of American States (OAS) rejection of the Nicaraguan people’s electoral decision.

As a member of the Black Alliance for Peace (BAP) delegation in Nicaragua, this columnist witnessed the determination of Nicaraguans to choose their own government without interference. More than 200 representatives from 27 nations, were designated as acompañantes, companions, to the electoral process.

The BAP delegation travelled to the Caribbean coast city of Bluefields where African descended Garifunas and Creoles reside with Mestizos and the Miskito, Rama, and Olwas indigenous communities. Voters from all these groups came out to well managed polling places, where all presidential candidates were listed on the ballot. The process was transparent and orderly, unlike the voting process in the United States, where eligible voters can be stricken from the ballot or be forced to wait for hours to cast their votes.

Despite what the white house and the corporate media claimed, opposition parties were able to campaign freely. Their signage and literature were quite visible, and no one can truthfully say that the public were unaware of the variety of electoral choices.

The Frente Sandinista para Liberacion Nacional (FSLN) emerged triumphant because they endeavor to meet popular needs. The Afro-descended citizens of the Caribbean coast were recognized as a group with distinct needs that were enshrined in the FSLN constitution. That region was excluded and quite literally isolated from the rest of the country without access to transportation and lacking basic infrastructure such as electricity and clean water. BAP delegates heard the consistent message that support for the FSLN is a result of concrete improvements in people’s lives. Despite the determination of the U.S. to undermine them, the FSLN now provide free health care and increased educational opportunities throughout the nation.

The 19th century Monroe Doctrine is alive and well in the 21st century. Whoever is in power in Washington considers other nations in this hemisphere to be its “backyard.” Nicaragua’s population of 6.5 million is smaller than that of New York City. Yet those few people are not allowed to exercise their rights to self-determination without raising Uncle Sam’s ire. Nicaraguans are not the first to feel imperialist vengeance. Tiny Grenada was undermined and invaded when it sought to determine democracy for itself. Venezuela is also under the sanctions hammer and Haiti is allowed to do nothing that Washington doesn’t approve.

The corporate media may be under the dictates of the state, but the people have no reason to follow suit. The presence of companion delegations in Nicaragua was an important step in revealing how the hybrid warfare playbook is put into practice.

Nicaraguans are well aware of their history. The lies are intended for a different audience. The United States seeks to fool its own people and thereby gain support for whatever form of aggression that it may choose. The plan is a consistent one which starts with media amplifying narratives that will gain support for interference. Creating falsehoods of human rights abuses is a reliable ruse to keep Americans complacent about their government’s activities.

The collusion between government and media explains why “trolls” are active on social media, attacking anyone who questions what Washington says. Facebook continued its work on behalf of the state by removing accounts expressing any support for Nicaragua’s sovereignty. The marriage of big tech companies and the Democratic party showed itself once again, proving that claims of freedom and democracy in U.S. politics are indeed an elaborate “pantomime.”

It may seem odd that a small nation can be the focus of so much determination to destroy its independence. But it isn’t hard to understand that Nicaragua threatens the U.S. should it be allowed to determine its own fate. The people who think they live in a democracy do not. They do not have access to free health care and are told they cannot expect to ever have it. Nicaragua is an example of what people in the U.S. could have if they were as free as they like to believe.

The drive to subjugate is as old as the republic, with the United States acting as a hegemon around the world, creating conflict and great suffering. The evil commitment to destroy Nicaraguan democracy is not unexpected but it must be vociferously opposed. Doing so is a litmus test which determines who is really on the left and who is not. There can be no compromise on the anti-imperialist stance. The human rights of people around the world must be respected and any United States government effort to violate them must be met with equivalent resolve.