Estados Unidos planea un viraje en su estrategia legal de lucha contra la droga. El Fiscal General, Eric Holder, anunciará este lunes la nueva política del Departamento de Justicia que pasa por ordenar a los fiscales que no exijan penas mínimas obligatorias a los procesados por delitos menores de narcotráfico que no estén relacionados con bandas criminales o cárteles.
Este cambio se enmarca dentro de las directrices de la Administración que aspiran a reducir la población reclusa y a acabar la cultura de la guerra contra las drogas para abordar el asunto como un problema de salud pública antes que de seguridad.
“Cierto tipo de delincuentes menores y no violentos que no tienen ningún lazo con organizaciones criminales a gran escala o cárteles ya no serán procesados por delitos que lleven aparejada una pena mínima obligatoria”, está previsto que anuncie este lunes Holder ante el Colegio de Abogados de EE UU en San Francisco, según el discurso que el Departamento de Justicia ha adelantado a la prensa.
De acuerdo con las nuevas instrucciones que hoy mismo han empezado a ser remitidas a los fiscales del país, cuando estos se encuentren ante este tipo de narcotraficantes, acusados por delitos menores, no deberán incluir en el escrito de acusación la cantidad que se les decomisó para otorgar así al juez la posibilidad de adaptar la sentencia a las condiciones específicas del caso y del autor del delito, en lugar de obligarlo, de lo contrario, a imponer la pena específica vinculada con el crimen concreto.
Mientras la población estadounidense ha crecido en un tercio desde 1980, la reclusa se ha incrementado en un 800%. De los 2,3 millones de personas encarceladas, más de la mitad lo está por delitos relacionados con drogas, de acuerdo con el Censo de 2010.
El coste del sistema penitenciario en EE UU ascendió a los 80.000 millones de dólares (60.000 millones de euros) ese mismo año. Muchos sostienen que el procesamiento por delitos que acarrean una pena mínima obligatoria es el principal responsable del alto número de reos en este país, que concentra el 5% del total de internos de todo el mundo. “Miles de ciudadanos están atrapados en este círculo vicioso de pobreza, criminalidad y encarcelamiento que a exacerbado el problema en lugar de solucionarlo”, dirá Holder.
La obligación de imponer una pena obligatoria mínima -que oscila entre los cinco y los 10 años en función de la cantidad y del tipo de droga requisada- impide a los jueces poder establecer una condena adaptada a las circunstancias del preso obstaculizando la posibilidad de la rehabilitación. En esta línea se enmarca la estrategia contra las drogas para 2013 de la Administración Obama. A finales de mayo pasado, el director de la Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca, Gil Kenikowske, durante la presentación del informe sobre las detenciones relacionadas con el abuso de substancias, abogó por una reforma de los códigos penales que descriminalice el consumo y que establezca penas alternativas a la prisión y fomente los tratamientos de rehabilitación.
El plan de la Casa Blanca prevé el incremento de los tribunales de drogas, que atienden casos de delitos menores relacionados con estupefacientes y que aplican medidas que enfatizan el tratamiento y la rehabilitación -en EE UU hay alrededor de 2.500 tribunales de este tipo pero sólo juzga al 3% de procesados- y la excarcelación de 100.000 presos no peligrosos para incorporarlos a programas de rehabilitación -del total de la población reclusa, el 53% sufre problemas de adicción, opero solo el 15% recibe tratamiento-.
La nueva estrategia del Departamento de Justicia también contempla la excarcelación de reos ancianos y no violentos, así como un incremento de las condenas a rehabilitación en lugar de a prisión, para reducir el número de reclusos. Si la orden para que los fiscales cambien la forma de procesar determinados delitos menores puede imponerla de manera directa el Fiscal General, otras como la mayor flexibilidad de los jueces a la hora de imponer las condenas o la posibilidad de que determinadas conductas sean juzgadas por tribunales estatales y no federales requieren la aprobación del Congreso.
Holder se apoyará en dos proyectos de ley bipartitos aprobadas a principio de año en el Senado para impulsar sus nuevas propuestas en el Capitolio y apelará al ahorro para las arcas públicas que se derivarán de estas acciones, como se ha puesto de manifiesto en 17 Estados que han derivado fondos destinados a la construcción de nuevas prisiones hacia programas de tratamiento. A lo largo de las próximas semanas, el Fiscal general y su equipo difundirán sus nuevas propuestas en actos a lo largo de todo el país.
