La justicia de Egipto anunció este lunes que prolonga por 15 días más la detención preventiva del presidente Mohamed Mursi, destituido y arrestado por el Ejército de su país el pasado 3 de julio, por ser sospechoso de estar implicado en algunas muertes ocurridas a principios de 2011.

Mursi, detenido en un lugar secreto, fue puesto oficialmente en detención preventiva el 26 de julio, acusado de estar implicado en “operaciones mortíferas” durante el levantamiento contra el presidente Hosni Mubarack en 2011, según reseñó la agencia internacional de noticias AFP.

Los cargos se refieren en particular a la ayuda que le habría proporcionado el Hamas para escapar de una prisión en donde el régimen de Mubarak lo había encarcelado a principios de 2011.

Un tribunal egipcio dictaminó el 23 de junio que el Hamas, en el poder en la Franja de Gaza, y el Hezbolá chiita libanés estaban implicados en esta evasión de la prisión de Wadi Natrun, en el noroeste de la capital.

Mientras, los partidarios del depuesto presidente islamista refuerzan sus barricadas en las dos plazas que ocupan desde hace un mes en El Cairo (capital de Egipto), después de que la policía amenazara con dispersarlos en cualquier momento.

"Llevo aquí 28 días y estaré hasta que muera, si es preciso. Se trata de una cuestión de religión, no política. Queremos el islam y ellos quieren el liberalismo", manifestó Ahmed Ramadan, uno de los manifestantes que afirma que no desistirá en sus protestas.

La comunidad internacional, que intentó en varias ocasiones mediar en el conflicto, teme una masacre. En un mes, más de 250 personas han muerto (esencialmente partidarios de Mursi) en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad o con los opositores al presidente derrocado.

El domingo por la noche, al término de la tregua establecida hasta el final de las celebraciones del ramadán, la policía anunció una operación inminente, pero "gradual", para evacuar las plazas, que podría durar "dos o tres días".

El gobierno de facto insiste en amenazar a la presión popular que exige la dispersión rápida de los partidarios de Mursi y a los llamados internacionales a la moderación.

Los Hermanos Musulmanes reclaman la liberación de Mursi y de los principales dirigentes de la cofradía detenidos desde el 3 de julio, así como la restauración del presidente y de la constitución suspendida por los militares.

Los detractores del depuesto gobernante le reprochan haber copado todo el poder en favor de su movimiento, los Hermanos Musulmanes, y de haber acabado de arruinar una economía que ya tenía muchas dificultades.