La trasgresora Cristiana Chamorro Barrios, (ex) presidenta de la fundación nicaragüense Violeta Barrios de Chamorro se negó a responder al Ministerio Público de Nicaragua el destino de 7.5 millones de dólares que se evaporaron de las cuentas bancarias de dicha organización. Ante esta anomalía argumentó que el Departamento de Estado de EE.UU., ya había calificado el envío de fondos como “normal” y, por ende, no tiene que dar cuenta de ellos. Para la señora, aspirante a la presidencia de la República, ese departamento del gobierno estadounidense está por encima de las leyes soberanas de Nicaragua.

No obstante, empleando la máxima de “sigue el dinero”, los fiscales nicaragüenses se han topado con indicios que los llevan a sospechar que esos 7.5 millones de dólares han servido para armar a las bandas paramilitares contrarias al gobierno constitucional, que operan en el norte del país, destacadamente desde 2018.

Se acusa al gobierno del presidente Ortega de detener a diestra y siniestra a los ciudadanos de ese país centroamericano. En un país de seis millones y medio millones de habitantes, las recientes detenciones de solo veintiún individuos (0.00032%) han sido, como lo ilustra el párrafo precedente, por violar la ley, en particular la Ley 1055 y no por sus aspiraciones políticas como pretenden que el mundo crea.

Desde hace dos años y medio la Fiscalía de la República, instruyó una línea de investigación sobre lavado de cerca de de cien millones de dólares perpetrado principalmente por las fundaciones Violeta Barrios de Chamorro, Fundies y Cinco, en los últimos cuatro años. Esos fondos, enviados principalmente por las agencias estadounidenses USAID, NED, se han blanqueado en el sistema bancario de ese país, en particular por Banpro, para financiar la desestabilización del gobierno nicaragüense con el dinero que pagan al fisco los contribuyentes estadounidenses. Los beneficiados son: el ex MRS, hoy Unamos, las ONG que intentan suplantar a los gobiernos legítimos, partidos políticos de oposición, nuevos y rancios, la jerarquía de la Iglesia Católica y, como en la década de los años ochenta, una red de bandas para militares Contras que operan primordialmente en el norte del país. Los medios de comunicación nicaragüenses, La Prensa, Confidencial, 100% Noticias especialmente, sirvieron como caja de resonancia al denunciar al gobierno de ataques a los derechos humanos y a la libertad de expresión, escondiendo perversamente sus verdaderas intenciones: derrocar por las malas al gobierno constitucional.

El documento Responsive Assistance in Nicaragua, RAIN por sus siglas en inglés, elaborado por Mike Pompeo en la pasada administración Trump y filtrado a los medios en 2020, revela que para reencausar a Nicaragua por la senda democrática y la libertad, según las entiende Pompeo, es necesario derrocar al gobierno constitucional de Daniel Ortega. El gobierno de Estados Unidos, ante el fallido intento golpista de 2018, afina sus baterías desde hace meses para propiciar el clima desestabilizador necesario y acusar desde ahora al Consejo Electoral de ese país de fraguar el fraude electoral en las elecciones del 7 de noviembre venidero y dar pie a un golpe de estado, antes o después de los comicios. El diario digital Confidencial, opositor al gobierno electo democráticamente en 2016, ha publicado que la unidad de los opositores en torno a de un solo candidato es sencillamente imposible, dando por descontado que el FSLN y aliados ganarán las elecciones por amplio margen. Ante este escenario y a pesar del costo político, el gobierno de Estados Unidos está dispuesto a propiciar un nuevo golpe de estado, ya sea de los denominados “suaves”, que inician por declarar las elecciones fraudulentas y terminan defenestrando “jurídicamente” al gobierno electo (caso Bolivia), hasta la acción armada, en este caso encabezada por los paramilitares, ya que sabe que tanto el Ejército y la Policía nacionales son instituciones constitucionales que respetaran la decisión del pueblo en las urnas y respaldarán al presidente electo.