El representante legal del Estado nicaragüense, Hernán Estrada, dijo a periodistas que ese planteamiento fue hecho esta semana a una delegación del Departamento de Estado y del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Estrada, procurador general de la República, precisó que Nicaragua tiene pendiente de resolver 178 reclamos de propiedad confiscadas a ciudadanos estadounidenses.

"Y de los 178 (casos), hay 42 que sería un segmento que podríamos poner en un tribunal contencioso administrativo de arbitraje para poderlo dilucidar y dirimir", indicó.

Aseguró que con el director para Centroamérica del Departamento de Estado de EE.UU., Gonzalo Gallegos, quien encabezó la delegación, acordó "explorar y ampliar en alternativas viables modernas de solución, sea en Estados Unidos o en instancias comerciales nicaragüenses", para dilucidar esos 42 casos.

En total, según Estrada, están por resolver 178 casos, de los cuales proyectan finiquitar 64 reclamos este año, sin incluir los mencionados 42.

En el caso de los 42 casos que proponen que sean sometidos a arbitraje, Estrada explicó que se tratan de ciudadanos nicaragüenses, que se nacionalizaron en Estados Unidos y que fueron miembros de la Guardia Nacional del dictador nicaragüense Anastasio Somoza, derrocado el 19 de julio de 1979 por los sandinistas.

El funcionario dijo que es "difícil" resolver esos casos porque aún están vigentes en Nicaragua dos decretos confiscatorios contra exmiembros de la Guardia somocista, emitidos en el primer régimen sandinista de los años 80.

Estados Unidos concede anualmente a Nicaragua una dispensa, conocida como "waiver", en el caso de las propiedades de estadounidenses confiscadas por los sandinistas, lo que permite al país seguir recibiendo la ayuda de Washington.

El "waiver" es un certificado que otorga EE.UU. para avalar la continuación de la cooperación entre los dos países y que está supeditado al avance que registre Nicaragua en la resolución de las reclamaciones de propiedades confiscadas durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990) a ciudadanos estadounidenses.

Según Estrada, en los últimos cinco años el Gobierno de Ortega ha pagado 69,8 millones de dólares en indemnizaciones a ciudadanos estadounidenses por bienes confiscados.