Después de perder las elecciones de 2011 estrepitosamente al Frente Sandinista, la oposición política de Nicaragua se dividido entre partidos políticos convencionales dispuestos a seguir trabajando en la legislatura del país y una oposición extraparlamentaria basada principalmente en ONGs locales. El gobierno estadounidense renunció a apoyar financieramente a los partidos políticos de la oposición nicaragüense para centrarse en la consolidación de un bloque opositor, explotando la figura de la "sociedad civil", pero de manera que excluía a las principales organizaciones sindicales y campesinas del país y también al numeroso movimiento cooperativo. Todas las organizaciones integrantes de esta falsa y exclusiva sociedad civil fueron financiadas directamente por los gobiernos de Estados Unidos y sus aliados, o indirectamente a través de fundaciones extranjeras con financiamiento corporativa o estatal.

Tras un período de acumulación de recursos de 2011 en adelante, esta oposición extraparlamentaria montó el violento intento de golpe de Estado fomentado por elgobierno de los Estados Unidos que duró desde abril hasta julio de 2018. Pero los principales partidos políticos de la oposición en su mayoría respetaron las instituciones del país y se abstuvieron de participar tanto en la violencia extrema generalizada como en el diálogo nacional entre los promotores del golpe y el gobierno. Por esa razón, ninguna figura destacada de los partidos políticos de oposición de Nicaragua se ha visto afectada por la reciente serie de detenciones de personas ligadas a las organizaciones que siguen con sus planes de desestabilizar el país como hicieron durante el golpe de Estado de 2018.

Todos los arrestados enfrentan acusaciones bien sustentadas por actividades ilegales que incurrirían en un proceso penal en Estados Unidos, cualquier país de la Unión Europea y prácticamente todos los países de América Latina y el Caribe. La principal acusación formal contra todos los individuos investigados es la de actuar en violación de la Ley 1055 de Nicaragua, "Ley para la Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz". Según esta ley, es un delito buscar la injerencia extranjera en los asuntos internos del país, solicitar una intervención militar, organizar actos de terrorismo y desestabilización, promover medidas económicas, comerciales y financieras coercitivas contra el país y sus instituciones, o solicitar y acoger sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos.

Además, Cristiana Chamorro, de la Fundación Violeta Chamorro, Juan Sebastián Chamorro, de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES), Félix Maradiaga, del Instituto de Estudios Estratégicos y de Políticas Públicas (IEEPP), y Violeta Granera, del Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO), también podrían enfrentarse a cargos por blanqueo de capitales y por infringir la ley de "Agentes Extranjeros", que obliga a todas las organizaciones que reciben financiación del extranjero a registrarse ante las autoridades, a informar de la cantidad de dinero recibida y de su uso. La ley refuerza la ya existente Ley 147 que regula las organizaciones sin ánimo de lucro bajo la supervisión del Ministerio de Gobernación (MIGOB), la cual obliga a las organizaciones sin ánimo de lucro a informar anualmente sobre sus fuentes de ingresos y cómo se ha gastado el dinero.

A pesar de las numerosas informaciones aparecidas en los medios de comunicación internacionales en sentido contrario, ninguna de las personas detenidas había sido seleccionada por ninguna de las alianzas o partidos políticos de Nicaragua como posibles candidatos para las próximas elecciones generales del 7 de noviembre de este año. Cristiana Chamorro, Juan Sebastan Chamorro, Arturo Cruz y Félix Maradiaga habían declarado anteriormente que aspiraban a la candidatura de un u otro de los partidos políticos, muy probablemente la alianza política de Ciudadanos por la Libertad. Pero ninguno de ellos estaba formalmente en consideración. En cualquier caso, como han señalado muchos observadores, la figura de su posible candidatura en las elecciones ha servido de cortina de humo para distraer de las acusaciones penales que pesan sobre ellos, por las que se enfrentarían a un proceso judicial en prácticamente cualquier país del mundo.

El otro grupo principal de la oposición extraparlamentaria nicaragüense que se enfrenta a una acusación en virtud de la Ley 1055 es el de los dirigentes del movimiento político Unamos, anteriormente el Movimiento de Renovación Sandinista (MRS). Se trata de los ex dirigentes sandinistas Dora María Téllez, Víctor Hugo Tinoco y Hugo Torres Jiménez y de sus colegas más jóvenes Ana Margarita Vigil, Suyen Barahona y Tamara Dávila. Con el cambio político cosmético del MRS a Unamos, la vieja guardia del MRS ha intentado restar importancia a su pasado sandinista y a sus vínculos con la red de excombatientes partidarios del MRS. Un grupo relativamente pequeño, pero experimentado y comprometido, de estos excombatientes afines al MRS desempeñó un papel clave en la organización, dirección y liderazgo de la violencia de 2018, la cual provocó más de 260 muertes.

El ex héroe guerrillero Hugo Torres es reportado por el diario británico The Guardian señalando en relación a los recientes arrestos de conocidas figuras de la oposición en Nicaragua "...así es la vida: aquellos que alguna vez mantuvieron sus principios en alto ahora los han traicionado." Torres debería saberlo. Ha colaborado con la intervención del gobierno estadounidense en Nicaragua desde al menos 2005. Desde entonces, hasta hace muy poco, Téllez, Torres, Tinoco y otros ex sandinistas como Mónica Baltodano y Henry Ruiz engañaron con éxito a sus partidarios extranjeros afirmando que eran leales a algún tipo de sandinismo auténtico que nunca pudieron definir del todo.

Mónica Baltodano se hizo pasar por una superrevolucionaria, engañando a los izquierdistas, especialmente en Europa, mientras colaboraba estrechamente con la derecha nicaragüense y aceptaba una importante financiación para su ONG Popol Nah por parte de la Unión Europea y la USAID. De 2007 a 2011, fue diputada legislativa por el MRS de Téllez y Torres, partido socialdemócrata centro-derechista, en el mismo momento en que ese partido estaba aliado con la derecha de Nicaragua. Por ejemplo, en las elecciones municipales de 2008 hicieron campaña abiertamente a favor del banquero oligarca Eduardo Montealegre, candidato del partido PLC a la alcaldía de Managua, apoyado por las autoridades estadounidenses, cuando el PLC todavía estaba controlado por el corrupto ex presidente Arnoldo Alemán. Por su parte, Baltodano no ha figurado hasta ahora en la reciente serie de arrestos.

Los ex aliados sandinistas de Baltodano en la dirección de Unamos están acusados de infringir la ley contra la colaboración con potencias extranjeras, pero eso puede resultar menos grave que su posible papel en la planificación de nuevos atentados desestabilizadoras, similares a los de 2018. Entre abril y julio de ese año, las activistas de la oposición mataron 22 policías mientras 400 oficiales sufrieron heridas de bala a manos de activistas opositores bien armados. Los ex sandinistas del MRS y sus cómplices, como Medardo Mairena y Francisca Ramírez, del violentísimo Movimiento Anticanal, y obispos y sacerdotes reaccionarias de la Iglesia Católica, como Silvio Báez, Rolando Álvarez y Abelardo Mata, organizaron y apoyaron la extorsión y la violencia masiva generalizada, que incluía asesinatos, torturas, incendios provocados, violaciones y otras agresiones graves que afectaron a muchos cientos de víctimas y sus familias.

Tras el fracaso de la intentona golpista de 2018, las autoridades se abstuvieron de detener a sus organizadores, centrándose en cambio en las personas que habían cometido directamente delitos penales. Posteriormente, la amnistía gubernamental de 2019 supuso que la cúpula del MRS, así como Félix Maradiaga, Cristiana y Juan Sebastián Chamorro, Violeta Granera y sus cómplices, se libraran de ser procesados y condenados por su papel en la intentona golpista. De hecho, los violentísimos sucesos de 2018 fueron un ejercicio masivo de crimen organizado y terrorismo, durante el cual los diversos componentes de la oposición nicaragüense involucrados en él operaron según un programa muy claro.

Por ejemplo, la dirigencia del MRS coordinó a excombatientes experimentados entre los activistas de su movimiento para que ayudaran a organizar la violencia de manera más efectiva, por ejemplo en Masaya. Félix Maradiaga se coordinó con sus contactos en las redes locales y regionales del crimen organizado para atacar edificios públicos y llevar a cabo operaciones de extorsión desde las universidades UPOLI y UNAN de Managua y en docenas de controles de calles y carreteras, los llamados "tranques", equivalentes a las "guarimbas" en Venezuela. Medardo Mairena y Francisca Ramírez activaron a sus matones del Movimiento Anticanal para que hicieran lo mismo a lo largo de las principales carreteras que conducen a la Costa Caribe Sur de Nicaragua. Algunos políticos locales renegados de los partidos políticos tradicionales hicieron lo mismo en la carretera que conduce a la Costa Caribe Norte, por ejemplo en Río Blanco y Mulukuku.

Los obispos y sacerdotes de la iglesia católica de derecha garantizaron la logística del intento de golpe, asegurando que las iglesias de las diócesis del país sirvieran de cuartel general para las bandas violentas de la oposición. La organización empresarial privada COSEP también desempeñó un papel importante en la logística, al igual que las ONG alineadas con la oposición, como la organización de derechos humanos CENIDH y Popol Nah de Baltodano, entre otras. Además, organizaciones de derechos humanos como el CENIDH, la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) y la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), todas ellas financiadas por gobiernos extranjeros, tergiversaron sistemáticamente los abusos contra los derechos humanos, inventando abusos por parte de las autoridades y ocultando innumerables abusos por parte de lasy los activistas violentos de la oposición.

Al igual que todas esas organizaciones, las ONG de Chamorro - la Fundación Violeta Chamorro de Cristiana, FUNIDES de Juan Sebastián y CINCO de Carlos Fernando Chamorro - también facilitaron el intento de golpe de Estado al distribuir el dinero que recibían de gobiernos y fundaciones extranjeras. Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y otros viajaron internacionalmente proyectando una falsa narrativa de "libertad y democracia", apareciendo en influyentes medios europeos como la BBC, entre otros. Los medios de comunicación de la familia Chamorro, La Prensa y Confidencial, y la plétora de proxies en línea que crearon con la financiación de USAID, coordinaron la campaña masiva de desinformación en línea para engañar a la opinión nacional y extranjera.

Esta muy compleja operación masiva había sido planificada por las autoridades estadounidenses en coordinación con sus agentes en Nicaragua durante muchos años tras el colapso electoral de los partidos políticos tradicionales de la oposición en 2011. Entre otras cosas, es probable que la actual investigación determine si los Chamorro, los exsandinistas de Unamos y sus aliados opositores, además de su colusión ilegal con la intervención del gobierno estadounidense y de gobiernos europeos aliados, estaban planeando otro intento de golpe de Estado en el contexto de las elecciones de este año. En cualquier caso, si los actuales acusados acaban siendo procesados y condenados por sus crímenes, poca gente en Nicaragua les tendrá mucha simpatía.

VERSIÓN EN INGLÉS:

Nicaragua's Benedict Arnolds
political opposition as organized crime

Stephen Sefton, Tortilla con Sal, June 17th 2021

Ever since they lost badly in the 2011 elections to the Frente Sandinista, Nicaragua's political opposition has divided into conventional political parties working in the country's legislature and an extra-parliamentary opposition based in local NGOs.

The US government, in particular, gave up supporting Nicaragua's opposition political parties financially so as to focus on consolidating an opposition bloc exploiting the figure of “civil society” but excluding the country's main labor and rural workers’ organizations and the cooperative movement. The member organizations of this exclusive, bogus civil society were all financed either directly by the US and allied governments or indirectly via foreign corporate and state-funded foundations.

After a period of accumulation of resources from 2011 onward, this extra-parliamentary opposition mounted the violent, US designed coup attempt which lasted from April to July in 2018. But the main opposition political parties for the most part respected the country's institutions and refrained from taking part either in the widespread extreme violence or in the national dialogue between the coup promoters and the government. For that reason, no leading figure from Nicaragua's opposition political parties has been affected by the recent series of arrests of people from organizations that supported the 2018 coup attempt.

All those arrested face well-supported indictments for illegal activities that would incur criminal prosecution in the United States, any country of the European Union and practically every country in Latin America and the Caribbean. The main formal indictment against all the individuals under investigation is that of acting in violation of Nicaragua's Law 1055, “Law for the Defense of the Rights of the People to Independence, Sovereignty, and Self-Determination for Peace”. Under the law, it is a crime to seek foreign interference in the country's  internal affairs, request military intervention, organize acts of terrorism and destabilization, promote coercive economic, commercial and financial measures against the country and its institutions, or request and welcome sanctions against the State of Nicaragua and its citizens.

In addition, Cristiana Chamorro of the Violeta Chamorro Foundation, Juan Sebastian Chamorro of the Nicaraguan Foundation for Economic and Social Development (FUNIDES), Felix Maradiaga of the Institute for Strategic and Public Policy Studies (IEEPP) and Violeta Granera of the Centre for Communications Research (CINCO) may also face charges for money laundering and breaking the “Foreign Agents” law which requires all organizations receiving finance from overseas to register with the authorities, report the amount of money received and how it is used. The law strengthens the already existing Law 147 regulating non-profit organizations under the supervision of the Ministry of Governance (MIGOB) which obliges non profits to report annually on their sources of income and how the money was spent.

Despite numerous reports in international media to the contrary, none of the people arrested had been selected by any of Nicaragua's political alliances or parties as possible candidates for the upcoming general election on November 7th this year. Cristiana Chamorro, Juan Sebastan Chamorro, Arturo Cruz and Felix Maradiaga had earlier stated they aspired to the candidacy of one of the political parties, most likely the Citizens for Liberty political alliance. But none of them was formally under consideration. In any case, as many observers have noted, the figure of their possible candidacy in the elections has served as a smokescreen to distract from the criminal charges against them, for which they would face prosecution in practically any country in the world.

The other main group of Nicaragua's extra-parliamentary opposition facing indictment under Law 1055 are the leaders of the Unamos political movement, formerly the Sandinista Renewal Movement (MRS). These are former leading Sandinistas Dora Maria Tellez, Victor Hugo Tinoco and Hugo Torres and their younger colleagues Ana Margarita Vigil, Suyen Barahona, and Tamara Davila. With the cosmetic political makeover from MRS to Unamos, the MRS old guard have tried to play down their Sandinista past and links to their network of ex-combatant supporters. A relatively small but experienced and committed group of these ex-combatant MRS supporters played a key role organizing, directing and leading the violence of 2018 that resulted in over 260 deaths.

Former guerrilla hero Hugo Torres is reported by the UK Guardian noting in relation to the recent arrests of well-known opposition figures in Nicaragua “...that’s how life goes: those who once held their principles high have now betrayed them.” Torres should know. He has collaborated with US government intervention in Nicaragua since at least 2005. Ever since then, until very recently, Tellez, Torres, Tinoco and other ex-sandinistas like Monica Baltodano and Henry Ruiz successfully fooled their foreign supporters by claiming they were loyal to some kind of authentic Sandinismo which they could never quite define.

Monica Baltodano posed as a super-revolutionary, fooling leftists in Europe especially, while all the time collaborating closely with Nicaragua's right wing and accepting substantial funding for her Popol Nah NGO from the European Union and USAID. From 2007 to 2011, she served as a legislative deputy for the center-right social democrat MRS party of Tellez and Torres at the very time that party was allied with Nicaragua's right wing. For example in the 2008 municipal elections they openly campaigned for oligarch banker Eduardo Montealegre, PLC political party candidate for mayor of Managua, when the PLC was still controlled by corrupt ex-president Arnoldo Alemán. For her part Baltodano has so far not figured in the current series of indictments.

Baltodano’s ex-sandinista allies in the Unamos leadership are accused of breaking the law against collusion with foreign powers, but that may well turn out to be less serious than their possible role in planning new attacks, similar to those of 2018. Between April and July that year, 22 police officers were killed and 400 suffered gunshot wounds at the hands of well-armed opposition activists. The MRS ex-sandinistas and their accomplices, like Medardo Mairena and Francisca Ramirez of the extremely violent Anti-Canal Movement and right wing Catholic Church bishops and priests, including Silvio Baez, Rolando Alvarez and Abelardo Mata, organized and supported widespread mass extortion and violence including murder, torture, arson, rape and other serious assaults affecting many hundreds of victims and their families.

After the 2018 coup attempt failed, the authorities refrained from arresting its organizers, instead focusing on people who had directly committed criminal offenses. Subsequently, the 2019 government amnesty meant that the MRS leadership, as well as Felix Maradiaga, Cristiana and Juan Sebastian Chamorro, Violeta Granera and their accomplices escaped prosecution and sentencing for their role in the coup attempt. In fact, the extremely violent events of 2018 were a massive exercise in organized crime and terrorism, during which the various components of Nicaragua's opposition involved in it operated according to a very clear program.

For example, the MRS leadership coordinated experienced ex-combatants among their movement's activists to help organize the violence more effectively, for example in Masaya. Felix Maradiaga coordinated with his contacts in local and regional organized crime networks to attack public buildings and run extortion operations out of Managua's UPOLI and UNAN universities and at dozens of roadblocks. Medardo Mairena and Francisca Ramirez activated their Anti-Canal Movement thugs to do the same along the main highways leading to Nicaragua's southern Caribbean Coast. Renegade local politicians of traditional political parties followed suit on the highway leading to the northern Caribbean Coast, for example at Rio Blanco and Mulukuku.

Right wing Catholic Church bishops and priests guaranteed logistics ensuring that churches in dioceses across the country served as headquarters for the violent opposition gangs. The private business organization COSEP also played an important role in logistics, as did opposition aligned NGO's like the human rights organization CENIDH, and Baltodano's Popol Nah, among others. In addition, human rights organizations like CENIDH, the Permanent Commission for Human Rights (CPDH) and the Nicaraguan Association for Human Rights (ANPDH), all funded by foreign governments, systematically misrepresented human rights abuses, inventing abuses by the authorities and concealing innumerable abuses by violent opposition activists.

Like all those organizations, the Chamorro NGOs - Cristiana's Violeta Chamorro Foundation, Juan Sebastian's FUNIDES and Carlos Fernando Chamorro's CINCO – also facilitated the coup attempt by distributing money they received from foreign governments and foundations. Felix Maradiaga, Juan Sebastian Chamorro and others traveled internationally projecting a false “freedom and democracy” narrative, appearing in influential European media like the BBC, among others. The Chamorro media outlets La Prensa and Confidencial and the plethora of online proxies they set up with USAID funding coordinated the massive online disinformation campaign to mislead national and foreign opinion.

This massive and complex operation had been planned by the US authorities in coordination with their agents in Nicaragua over many years following the collapse of the traditional opposition political parties in 2011. Among other things, the current investigation is likely to determine whether or not the Chamorros, the Unamos ex-Sandinistas and their opposition allies, in addition to their illegal collusion with US and allied government intervention, were planning another coup attempt in the context of this year's elections. In any case, should those currently accused end up being prosecuted and sentenced for their crimes, few people in Nicaragua will have much sympathy for them.