Inició el periodo de consulta de las propuestas de reformas a la Ley de Cámara Empresariales, la cual ha logrado el consenso de los legisladores y miembros de las diferentes cámaras que llegaron a exponer sus criterios sobre esta iniciativa que pretende modernizar los organismos empresariales del país.

Esta mañana los diputados que conforman la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional se reunieron con los directivos del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham) y del Consejo Nicaragüense de Micros, Pequeños y Medianos empresarios (Conimipyme), todos manifestaron la necesidad de modernizar

Al finalizar el encuentro, el principal acuerdo es crear una comisión técnica que escriba una propuesta que actualice la actual ley que fue aprobada en 1934, lo que los empresarios aglutinados considera se encuentra desfasada y no permite el fortalecimiento de los gremios.

Gilberto Alcócer de las Conimipyme, dijo que en la actual ley existen una serie de artículos que no facilitan el desarrollo empresarial.

“Uno de los aspectos que abordamos es que esta ley debe ser revisada y analizada y cambiado. Los diputados coinciden con este planteamiento y nos hemos comprometido hacer una propuesta más profunda sobre eso, de tal manera que permitan unas asociaciones o cámaras empresariales que faciliten el desarrollo empresarial”, dijo Alcócer.

Diego Vargas de Amcham, manifestó que están muy contentos por tener un consenso claro en el sentido que la ley tiene que ser revisada, algo que están de acuerdos los miembros de la comisión económica.

“Acordamos presentar una nueva propuesta de ley, una propuesta de ley moderna, que permita al sector empresarial y a Nicaragua en general desarrollarse con aspectos de sociatividad y gremialidad adecuada”, opinó Vargas.

José Adán Aguerri del COSEP, afirmó que se debe establecer que las cámaras y asociaciones deben definirse sin fines de lucros, que deben tener autonomía y soberanía, es decir que rijan con sus propios estatutos, sin que esto contradiga las leyes y constitución del país. También no se debe establecer plazos específicos para la presidencia de un organismo.

“Hemos hablado de la necesidad de establecer el antes y después, que va a suceder y cómo va hacer la transición de las organizaciones que están registrados y que ya funcionan, y como van hacer estas organizaciones registradas en el Mific y cómo se va a dar este proceso y lo que tiene que ver con los medios de impugnación”, subrayó Aguerri.