El problema de la pensión reducida, se remonta a 1994 -durante el primer gobierno neoliberal, de Violeta Barrios de Chamorro– cuando de una forma que violentaba la Constitución Política y la Ley de Seguridad Social aprobada en 1982 por la Revolución Popular Sandinista, se negó ese derecho a los adultos mayores, advirtió Manuel Ruiz, experto en Seguridad Social, en entrevista a El 19 Digital.

La pensión reducida, que contaba entre otras asignaciones de jubilación que la ley mandataba, fue derogada en la década de los 90, bajo el voraz fuego político de la derecha en el gobierno, arrebatando las conquistas alcanzadas con la Revolución. Asimismo, recordó que existen unas 30 sentencias en el Poder Judicial, que desde 2002, hasta 2006, han requerido al INSS el pago de la pensión reducida.

Problema económico, no jurídico

En ese orden, dijo que este no es problema de carácter jurídico, sino meramente económico, pues la cantidad promedio que se debería pagar por la pensión reducida, a un estimado de un millón de adultos mayores, ascendería a más de 100 millones de dólares si se proyectara a 10 años.

“No estamos hablando de cosas pequeñas, estamos hablando de mucha cantidad de dinero, que Nicaragua tiene que resolverlo con una ley, para que se diga de dónde va a venir este fondo para el pago de estas prestaciones”, aseveró.

“Yo lo considero que es un problema del Estado de Nicaragua y que de forma integral se deberían buscar algunas alternativas de solución a la luz del Estado de Derecho, nada fuera del Estado de Derecho”, señaló.

Es una demanda justa

La demanda de los adultos mayores es justa, pues corresponde a un derecho que debió seguir haciéndose efectivo luego de 1994. Valoró además que el reclamo del pago que se vive actualmente, no es más que una acumulación de casi 20 años de demandas.

“Esta es la acumulación realmente, porque del ‘94 a esta parte, efectivamente los pensionados, los señores de la tercera edad se han visto impotentes, que nadie les ha escuchado sus quejas, que son justas”, opinó.

A pesar de eso, afirmó que hoy resulta un asunto complicado de resolver, pues se refiere a aspectos económicos “muy fuertes”, y cualquier propuesta, en este momento, tendría una aplicación sumamente complicada.

Cantidad que piden no es la correcta

Por otra parte, Ruiz señaló que el monto solicitado por la dirigencia de la Unidad del Adulto Mayor (UNAM) de 3,200 córdobas por la pensión reducida, no es la cantidad correcta. Expuso en ese sentido que una persona que ha cotizado 250 semanas, tendría derecho a una pensión que comenzaría en 1,600 córdobas y llegaría como como máximo a 1,800.

“Un asegurado que trabajó para una empresa privada y a veces hasta pública, el hecho que no haya acumulado las semanas correspondientes y cotizar muy pocas semanas, entonces el seguro no puede, sobre las espaldas financieras de los sujetos de los trabajadores, pagar una prestación”, estimó.

En ese orden, señaló que el monto que los adultos mayores piden, no es acorde al cálculo real, pues es una cantidad diseñada para personas que cotizaron 750 semanas ó más.

“Por lo tanto la pensión reducida no debe pensarse que es un monto enorme (para cada beneficiario), sino que es un monto módico que inicia con 1,600 pesos y llega como máximo a 1,700 o 1,800 córdobas”, reiteró.