La Asamblea Nacional aprobó este miércoles en lo general y en lo particular la propuesta de reforma a la Ley de Estabilidad Energética, Ley de Industria Eléctrica, la Ley para la Distribución y el uso responsable del servicio público, así como reformas a la Ley 641, Código Penal.

Vale destacar que estas leyes solamente fueron respaldadas por la bancada sandinista, dos diputados liberales y fueron rechazadas por la bancada “Democrática”, situación que se mantiene constante en el parlamento.

La importancia de esta aprobación radica que más de 800 mil familias mantendrán el subsidio por consumir menos de 150 kilovatios al mes, así mismo establece la obligatoriedad a la empresa distribuidora de energía de invertir 75 millones de dólares en cinco años, dinero que tendrá que utilizar para mejorar el servicio y reducir las pérdidas técnicas y no técnicas de energía (sustracción ilegal).

“Se mantiene el subsidio para las familias de 150 kilovatios al mes, se mantiene la rebaja del IVA para los menores de 300 que no pagan IVA y los de 300 a 700 (kilovatios al mes) que solamente pagan el 7 por ciento. Se obliga en cinco años a Disnorte y Dissur a hacer inversiones para aumentar la cobertura y la calidad del servicio, a razón de 75 millones de dólares”, subrayó el coordinador de la bancada sandinista Edwin Castro.

Las reformas aprobadas contemplan sanciones administrativas a los ciudadanos que obtienen energía de forma ilícita. También contempla prisión a aquellos consumidores con facturaciones superiores a la suma de tres salarios mínimos del sector industrial, es decir que consuma en energía unos diez mil córdobas al mes o unos mil 100 kilovatios al mes.

“No hay ningún aumento de pena de cárcel, en primer lugar cárcel solamente se le reserva a (...) los que consumen más de 3 salarios mínimos y eso ninguno de nosotros consume eso aquí, tendríamos que estar pagando más de diez mil córdobas mensuales de luz (energía)”, explicó Castro al rechazar los planteamientos de la oposición, que igualmente y como ocurre constantemente, votaron en contra de estas reformas.

Agregó que existen sanciones administrativas para los consumidores menores, ya que nadie en este país tiene derecho a robar. Las sanciones contemplan el llamado de atención en la primera ocasión, en la segunda te cobran un mes de factura adicional, en la tercer ocasión que se compruebe la sustracción ilícita te facturan tres meses y después te pueden cobrar un año entero de multa.

La Presidenta de la Comisión de Infraestructura compañera Jenny Martínez, expresó que los diputados de oposición al FSLN, han pretendido engañar al pueblo nicaragüense, cuando afirman que la ley busca llenar las cárceles de ladrones de energía eléctrica.

“Primero no se crea ningún nuevo delito, primero ya estaba en la ley del 2008 con el Código Penal vigente, lo que se crea ahora es la aplicación de este delito a un nuevo sujeto, un sujeto que representa el coautor del delito, es decir un tercero que te ayuda a realizar la conexión ilegal de energía, pero para que esto pueda ser sancionado con prisión el sujeto tiene que comprobarse de que sea la sustracción de energía mayor a los diez mil córdobas o sea un consumidor de 150 kilovatios nunca va a consumir más de diez mil córdobas al mes”, puntualizó Martínez.

De acuerdo a la legisladora, el 84 por ciento de los consumidores de energía en el país consumen 150 kilovatios, mientras un 5 por ciento consume facturas mensuales superiores a los diez mil córdobas.

“La población más vulnerable no es afectada con esta reforma”, concluyó Martínez.

Marvin Pomares, Director del Instituto Nacional de Defensa del Consumidor (INDEC) calificó de positivo que se mantenga el subsidio a las familias pobres y también aplaudió que se obligue a la empresa distribuidora a mejorar el servicio.

“No es cierto que aquí todo mundo va a ir preso, van a ir presos los que tienen negocios y estén robando energía por arriba a los diez mil córdobas, que no los gasta ningún ciudadano de barrios tradicionales, ni los que viven en asentamientos y tampoco los dueños de pulperías. Nosotros creemos que esto es positivo”, valoró Pomares que llegó con los directivos del INDEC.