La problemática de las drogas no debe abordarse como un tema de seguridad sino de salud pública, con acciones de “prevención, tratamiento y rehabilitación” de las personas afectadas, coincidieron las delegaciones de los 34 países participantes de la 43 Asamblea General de la OEA.

El encuentro, que se inauguró este martes 4 en la colonial ciudad guatemalteca de Antigua, culminará el jueves 6 con una declaración final que, se espera, recogerá una postura consensuada sobre las estrategias más viables para combatir el narcotráfico en el continente americano.

Nicaragua participa en esta sesión a través de sus representantes, Denis Moncada Colindres, Vice Canciller, Delegado ante la OEA y Jefe de la Delegación de Nicaragua, y Silvio Mora, Embajador en Guatemala.

"No hay justificación para despenalizar y legalizar las drogas. Los ciudadanos de las Américas no deben ser sometidos a semejante ignominia", afirmó en su intervención el viceministro de Relaciones Exteriores y representante permanente ante la OEA, Denis Moncada.

El debate, que reúne hasta el jueves a 26 cancilleres y delegados de los 34 miembros activos, girará en torno a la búsqueda de nuevas estrategias, ante la evidencia de que la política antidrogas estadounidense, basada en la represión a la producción y distribución, es un fracaso.

El tema se basa en un informe elaborado por la OEA por mandato de la Cumbre de las Américas de 2012, en Cartagena (Colombia) , la cual acogió la idea del presidente guatemalteco, Otto Pérez, de buscar alternativas a la guerra antidrogas.

El diplomático nicaragüense aseguró que la tendencia a "despenalizar o legalizar debilitaría en estos momentos la estrategia de lucha antinarcóticos que incluyen principios de salud pública, seguridad y respeto a los derechos humanos".

"No estamos de acuerdo en abrir espacios legales ni al consumo ni a la narco-actividad, mucho han sufrido y siguen sufriendo nuestros países por ese flagelo y su efecto nocivo en la salud, en la seguridad, en la economía y en la institucionalidad", agregó.

Agregó que sustituir y eliminar las estrategias actuales para enfrentar el problema, "implicaría crear vacíos peligrosos y poner en situación precaria la estabilidad de los países, la seguridad y el bienestar de nuestros ciudadanos", afirmó.

Asimismo, dijo que la declaración de Antigua que será suscrita al concluir la Asamblea el jueves en la noche debe incluir "la decisión de continuar fortaleciendo la estrategia actual de lucha contra la narcoactividad".

Pese a que existe acuerdo en cuanto a que esta situación se debe abordar desde la salud y no con enfoque de seguridad como ocurre ahora en la mayoría de los países, el borrador de la Declaración Antigua de la Asamblea General de la OEA (Organización de los Estados Americanos) no contempla acciones concretas y ni siquiera una hoja de ruta mínima a seguir.

El tema que sigue siendo contencioso y que los cancilleres deberán resolver antes del cierre de este jueves 6 es el mecanismo de seguimiento que deberá implementarse.

Actualmente, 14 países proponen que el Consejo Permanente de la OEA convoque a un período extraordinario de sesiones de la Asamblea, que se celebrarían en 2014 también en Guatemala, con el objetivo de avanzar en el debate sobre nuevas estrategias de combate al tráfico de estupefacientes y diseñar un plan de acciones concretas a desarrollarse de 2016 a 2020.

Bajo esta propuesta, la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (Cicad) se encargaría de los trabajos preparativos de la reunión. Pero el resto de los 20 países restantes rechazan la propuesta, entre ellos Estados Unidos, que está a favor de seguir debatiendo la cuestión de las drogas pero que se opone a la celebración de una asamblea extraordinaria y a que intervenga la Cicad.

Canadá propone en concreto que el Consejo Permanente de la OEA en vez de la Cicad determine cómo darle seguimiento al tema. Otra novedad es la incorporación de “una perspectiva transversal de derechos humanos” y un enfoque de género a las políticas públicas que se diseñen a raíz de la cumbre con el propósito de reducir la demanda y la oferta de drogas ilegales.