Corrupción de gobiernos neoliberales no tuvo límites

La corrupción desatada por los gobiernos neoliberales que rigieron en Nicaragua en los últimos 16 años, no tuvo límites y se extendió prácticamente en todos los ámbitos de la actividad económica y gubernamental.

El Procurador General de Justicia, Hernán Estrada, señala que además de todo lo que se conoce hay otro tipo de corrupción que poco se ha mencionado y que al paso de los años va quedando en el olvido en la memoria histórica del pueblo nicaragüense.

Se refiere a la corrupción que se generó alrededor de la Comisión Nacional de Revisión de Confiscaciones, ya que existen actualmente cinco mil reclamantes a los cuales no se les resolvieron sus problemas, a pesar de que existía un presupuesto destinado para tal fin en la Ley 345, que mandaba a indemnizar a los afectados.

“Estoy hablando de los reclamantes de la Reforma Urbana y Social, es decir, que así como la Revolución le dio beneficios a la población a través de las leyes 85, 86 y 88, también hubo afectados a los que no se les dio respuesta. Cuando asumimos el poder el 10 de enero de 2007 habían siete mil reclamantes y ahora hay cinco mil”, dijo Estrada.

“Eso sí es corrupción”, sentenció el Procurador y añadió que están elaborando un indicador para resolver este problema con el gobierno del Presidente Daniel Ortega Saavedra.

También se dieron actos de corrupción con las cuantificaciones y con las dobles indemnizaciones que se pagaron. Hasta hoy se han pagado 210 millones 61 mil 828 dólares en indemnizaciones.

Señaló que en algunos casos hubo personas que fueron doblemente indemnizadas y en otras benévolamente cuantificadas, más allá de los valores reales de las propiedades. En otros casos los reclamantes fueron indemnizados y se quedaron con las propiedades. El colmo es que en aquellas propiedades donde el Estado pagó la indemnización correspondiente y el reclamante quedó satisfecho, esas operaciones nunca fueron inscritas legalmente, afectando a los beneficiarios de las propiedades, por ejemplo, en los barrios.

Estrada informó que existen 117 ex funcionarios públicos de los gobiernos neoliberales que enfrentan causas por actos de corrupción y que le ha exigido al Ministerio Público que ejerza la acción penal para castigar a los culpables. El Procurador explicó que el Ministerio Público no es una dependencia del Poder Ejecutivo y es al cual corresponde activar las acciones penales contra los corruptos.

“la benevolencia, inercia o omisión en muchos casos contribuye a la percepción de corrupción de parte de la población”, comentó. “Me satisface que en 15 casos se haya iniciado el ejercicio de la acción penal, pero no es suficiente para que el Estado de señales importantes a la población, porque debe haber una persecución penal y una judicialización, lo cual no es estrictamente del resorte del Poder Ejecutivo”, señaló.

El caso de los CENIS

El funcionario recordó igualmente el escandaloso caso de los Certificados Negociables de Inversión (Cenis), los cuales calificó como un típico expediente de corrupción bancaria y no puede ni calcular lo que el Estado nicaragüense podría destinar para fines de desarrollo social y económico, con los montos destinados a esa operación.

“Es un caso típico de corrupción financiera de las élites que gobernaban en el país en ese momento, porque Eduardo Montealegre gobernaba en ese momento; Noel Ramírez gobernaba en ese momento y no es casual que se hayan enriquecido; ese dinero lo tenemos que pagar todos los nicaragüenses y es parte de la deuda pública”, reiteró.

“Obviamente, (ese dinero) fue a parar a algún lado y fue a los bolsillos de los grupos financieros y banqueros que se privilegiaron con esa operación”, dijo.

Ejecutivo pone el orden

El Procurador General de Justicia subrayó que el Poder Ejecutivo en Nicaragua ha manifestado su decisión de luchar frontalmente contra la corrupción en todos los niveles, y así lo ha expresado públicamente el presidente Daniel Ortega, pero los otros poderes del Estado no lo han hecho, ni han dado muestras de interés de contribuir con esta lucha.

Puso como ejemplo las medidas del Ejecutivo para enfrentar la llamada corrupción gris, que a veces pasa inadvertida y en algunos caso hasta es aceptada socialmente. Esa es la corrupción institucional: el abuso con los vehículos, el incumplimiento de sus horarios de parte de los funcionarios, los doble salarios, los salarios complementarios y los megasalarios, a los que puso el presidente Daniel Ortega.

Ese tipo de corrupción representa por lo menos el 20 por ciento del presupuesto institucional, es un mal que no se visualiza tan fácilmente pero que mina la vida de las instituciones.

Castigo para los culpables

El diputado Bayardo Arce coincide con el Procurador Estrada en la necesidad de actuar para castigar a los culpables, particularmente en los casos ya investigados por la Contraloría General de la República.

Según Arce los actos de corrupción que han sido investigados y constatados por la Contraloría no solo pueden cuantificarse sino también sancionarse penalmente. “Ese es un trabajo que tiene que hacer ese organismo (la Contraloría), creo que lo ha hecho, tienen una cantidad de glosas relacionadas con el reclamos de malos manejos de funcionarios de los gobiernos anteriores, que dicho sea de paso, nunca fueron cobrados a esos ex funcionarios”, comentó Arce.

El legislador lamentó que en una cantidad de acciones de los gobiernos anteriores que ya fueron investigados por la Contraloría, los implicados recurrieron al Poder Judicial, se ampararon y con la lentitud que caracteriza esa entidad, esos casos prácticamente están estancados.

“Incluso, en algunos de ellos me decía el procurador que hasta se corre el riesgo de que caduquen, porque en esos casos hay caducidad a los diez años, muchos comenzaron a averiguarse en 1989 y 1990, y con el tiempo pudieran declararse caducos”, dijo Arce.

El diputado sandinista dijo que los gobiernos neoliberales con sus actos de corrupción y sus acciones para desmontar totalmente los logros de la revolución condenaron al país al atraso económico que hoy estamos sufriendo los nicaragüenses.

“Mientras los demás países avanzaban en medio de las dificultades, reactivando sus empresas, aumentando la producción, gestionando mercados, mejorando el nivel de vida de sus gentes, nosotros aquí veíamos como paralizada la economía, porque lo que hizo el gobierno de Violeta de Chamorro, fue irracional para revertir todo, hay que recordar que en el mes de abril de 1990, emitió el decreto 11-90 , mediante el cual pretendía anular por decreto todo lo que había hecho la revolución”, dijo.